Cerco financiero de EE. UU. a Macho Coca se propone llevarlo a bancarrota

Aunque desde el 2016 el Departamento de Estado de EE. UU. catalogó a Bell como un “importante traficante de drogas en la costa del Caribe costarricense”, fue hasta este miércoles cuando se ordenó el bloqueo de todas las propiedades de Bell en territorio norteamericano, congelando también sus cuentas en nuestro país.

Este es el corolario en el expediente del turrialbeño Bell, que ha enfrentado causas por narcotráfico, robo de combustible, infracción al Código de Minería y pago de dádivas.

El exjuez y abogado penalista Ewald Acuña Blanco explicó que, aunque una decisión administrativa del gobierno de EE. UU. no tiene injerencia directa en las transacciones financieras del sistema bancario nacional, podría generar alertas sobre riesgos que se traduzcan en la cancelación de operaciones de Bell y sus empresas.

Randall Zúñiga López, director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), y el fiscal adjunto Mauricio Boraschi Herná, informaron el miércoles que Bell utiliza terceras personas o testaferros para ocultar la propiedad de sus empresas. En relación con ese ardid, Ewald Acuña expresó que la Unidad de Análisis Financiero del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) ya debería haber detectado esas operaciones y emitido alertas al sistema financiero.

El exjuez afirmó que los bancos, con departamentos de Seguridad, pueden determinar el uso de terceras personas en las operaciones económicas ligadas a Bell.

La ley sobre legitimación de capitales y su reglamento obligan a reportar y justificar operaciones por $10.000 o más, por lo que el ICD y los bancos podrían haber determinado operaciones sospechosas antes de que se diera este anuncio.

“Podríamos enfrentar la quiebra del empresario, no directamente por la orden del Departamento del Tesoro de EE.UU., sino debido a la calificación de actividades sospechosas, lo que podría significar la muerte financiera para Bell y la imposibilidad de realizar negociaciones directas”, dijo.

Aunque advierte sobre la falta de especificidad en la información dada a conocer por OFAC, todo sugiere que la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), podría haber compartido información con autoridades nacionales sobre las personas y empresas relacionadas con Bell. El comunicado del miércoles indicó que la acción contra Bell “es el resultado de una estrecha colaboración con la Oficina Nacional de Costa Rica de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos”.

Zúñiga informó que Macho Coca, al ser catalogado de alto riesgo para entidades bancarias y con cuentas congeladas, se cuidará en sus movimientos a sabiendas de que es parte de nuevas investigaciones del OIJ y de la colaboración que ese cuerpo policial mantiene con la DEA.

Mauricio Boraschi afirmó que la aplicación del cerco financiero contra un empresario suele llevar a la bancarrota muchos negocios relacionados con esa persona que parecen lícitos. En este caso, por tratarse de un empresario pesquero, citó a manera de ejemplo algunas empresas dedicadas a la venta de motores para embarcaciones pesqueras, instrumentos de navegación, maquinaria y otras que pronto podrían mostrar signos de decadencia.

La fuerza de esta decisión de Estados Unidos consiste en que los bancos deben actuar contra los capitales sospechosos ligados a Bell y contra las sociedades que el Gobierno de Estados Unidos ya individualizó.

“Su fachada lícita era la pesca”, pero luego pasó a desarrollar múltiples inversiones en construcción, dijo Zúñiga, al afirmar que ha sabido cuidarse con teléfonos y comunicaciones para pasar inadvertido, pero ahora la DEA, con tecnología de punta, logró obtener elementos fuertes en su contra para reconocerlo como un violento narcotraficante, explicó.

El comunicado de OFAC indicó, textualmente, que Bell “es conocido como uno de los más violentos traficantes en Limón” y “por el volumen de drogas que mueve”. Agregó que él “ha jugado un papel importante en la reciente transformación de Costa Rica en un importante centro de tránsito de narcóticos”.

En cuanto a las medidas administrativas que dictó en su contra, OFAC indicó: “Las sanciones estadounidenses no tienen por qué ser permanentes; las sanciones tienen como objetivo provocar un cambio positivo de comportamiento”.