Una banda dedicada al contrabando de licores reclutó a 20 oficiales de la Fuerza Pública y les pagó hasta ¢100.000 a cada uno para burlar los retenes que podían encontrar en carretera mientras movilizaban la carga ilegal.

Así lo dio a conocer este martes el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), que hizo 12 allanamientos para detener a 31 personas vinculadas con el grupo.

El operativo fue coordinado con la Fiscalía Adjunta de Delitos Económicos, Tributarios, Aduaneros y Propiedad Intelectual, que detalló que la organización adquiría la mercancía en los Duty Free de Panamá.

De acuerdo con la investigación, desde tierras panameñas los productos eran transportados en embarcaciones pequeñas por el río Sixaola y, en las márgenes de dicho afluente, había varios atracaderos improvisados, donde integrantes de la agrupación recolectaban la carga y la metían en vehículos.

Luego, los licores eran guardados en una casa ubicada en Bribri de Talamanca, Limón, donde estaba el primer punto de almacenamiento y, en ocasiones, se quedaba el líder de la agrupación, de apellidos Sandoval Matamoros.

En otras viviendas y bodegas de la provincia limonense, así como en recintos de San Rafael y La Guácima, en Alajuela, también había puntos de operación, precisaron las autoridades.

Sin embargo, para poder movilizar la carga desde el Caribe, la agrupación contactaba policías de Fuerza Pública para conocer los puntos donde había retenes o para evitar ser detenidos si pasaban por el lugar.

Los pagos hechos a los uniformados eran variados, pero rondaban entre los ¢20.000 y ¢100.000, ya que todos los días había movimiento.

“En apariencia, le pagaban a oficiales de algunas sedes policiales, para que les informaran cuándo y dónde había operativos en carretera, o bien, para que una vez que el carro en que llevaban el licor de contrabando llegaba a un retén policial o pasaba por una delegación de dicha Policía, no fuera detenido, ni revisado y así poder pasar los cargamentos”, explicó el OIJ en un boletín de prensa.

Christian Montenegro, jefe de la Sección de Crimen Organizado de la Policía Judicial, precisó que los oficiales “facilitaban el traslado de los licores, así como el hecho de que los cargamentos no fueran detectados”.

Por su parte, el Ministerio de Seguridad Pública (MSP) detalló que colaboró con los agentes en la investigación y que ahora está a la espera de lo que ocurra para tomar acciones.

“Estamos colaborando con el OIJ y la Fiscalía con el propósito de atender una investigación que se le está haciendo a 20 de nuestros oficiales. Hemos estado atentos a las solicitudes de las instituciones con el propósito de atender adecuadamente este doloroso proceso”, aseguró Reinaldo González, subdirector general de la Fuerza Pública.

Licores variados

La Policía Judicial determinó que el grupo desestructurado este martes tenía roles establecidos para asegurar que el cargamento, introducido al país sin cancelar los impuestos correspondientes, fuese colocado en el mercado.

Cervezas en lata, así como botellas de whisky, tequila, vodka y ron eran algunos de los productos que la banda colocaba en el mercado a precios bajos.

"Se ha determinado que las bodegas utilizadas por la organización se encuentran en Limón y Alajuela, ahí llevaban los cargamentos y los distribuían a comerciantes que llegaban a recogerlo o a comprarlo. También lo distribuían ellos mismos a diferentes locales de Limón, Alajuela, Heredia y San José.

“Cada miembro de la organización tiene un rol específico: unos se encargaban de la extracción en la margen del río Sixaola, otros se encargaban de traslados en vehículos y el almacenaje del licor, así como de la vigilancia y avisos de si había presencia policial. Otros iban en vehículos realizando la escolta del carro que llevaba el licor de contrabando”, indicó el OIJ.

La institución también constató que había un encargado de bodega que realizaba las entregas a clientes y recibía el pago por los licores.

“Este grupo evadía los controles fiscales, no pagaba impuestos ni tributos y eso afecta la economía del país porque se distribuye a precios menores”, dijo Wálter Espinoza, director de la Policía Judicial.

Golpes previos

Entre marzo y octubre del 2019, mientras se desarrollaba la investigación, los cuerpos policiales decomisaron al grupo 44.600 unidades de licor de contrabando valoradas en $27.400 (¢16,5 millones).

Asimismo, en los 12 allanamientos desplegados este martes para detener a 31 personas se decomisaron cervezas, dinero en efectivo, dos armas de fuego y ruedas de cigarro que se presume, también serían de contrabando.

Entre los 20 oficiales hay dos de apellidos Jiménez, dos apellidados Hernández (un hombre y una mujer), así como Cortés, Oreily, Rodríguez, Morales, Obregón, García, Corrales, Pérez, Loría, Céspedes, González, Solís, Ocón, Araica, Fernández y Paniagua.

A todos se les atribuyen los delitos de cohecho propio e incumplimiento de deberes; sin embargo, será hasta después de su indagatoria que el Ministerio Público defina qué medidas cautelares solicita contra ellos.

Los uniformados se exponen a la inhabilitación para ocupar cargos públicos, así como a una pena de prisión de tres a ocho años por los delitos que se le achacan, según los artículos 339 y 348 del Código Penal.

En tanto a otras 11 personas de apellidos Jiménez (dos apellidados así), Al Yasir, Arce, Centeno (mujer), Olivares, Sequeira, Soto, Vásquez y Sandoval (hay dos personas con este apellido) se les señala por el ilícito de contrabando agravado.

Este delito es castigado con cárcel de cinco a quince años, de acuerdo con el artículo 212 de la Ley General de Aduanas.

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