La Conferencia Episcopal de la Iglesia Católica emitió este lunes un llamado urgente para evitar que nuestro país caiga en un “baño de sangre”, dada la alarmante cifra histórica de 907 homicidios registrados el año pasado y los “atroces nuevos crímenes” en los primeros días de 2024.
El documento destaca que se trata de una emergencia y enfatiza que es responsabilidad integral del Estado asignar los recursos materiales y humanos necesarios para frenar la ola de violencia homicida que debe iniciar con una presencia policial firme y permanente, con especial atención a lugares y entornos con mayor actividad delictiva.
Se hace un llamado para que se discutan y aprueben de manera inmediata leyes que otorguen a las autoridades herramientas legales más eficaces, manteniendo un enfoque en la lucha contra la corrupción y asegurando recursos económicos adecuados.
Los representantes eclesiásticos subrayan que la lucha contra la impunidad es un deber ineludible de las autoridades judiciales, quienes deben aplicar la ley de manera equitativa, sin distinciones.
En el documento, sostienen que ante la violencia homicida, es crucial intensificar los esfuerzos nacionales por la paz, comenzando en cada hogar. Además, señalan causas estructurales, políticas, sociológicas e históricas que han contribuido a niveles alarmantes de violencia, como la polarización extrema de la sociedad que sume a muchas familias en la pobreza, mientras otras ven aumentar sus fortunas de manera desproporcionada.
Los obispos denuncian un profundo desequilibrio, tanto económico como moral, y un grave desgaste de los principios de unidad y solidaridad que han definido la identidad nacional a lo largo de los siglos.
Expresan su solidaridad con las comunidades más afectadas por los homicidios, especialmente en Limón, Guanacaste, Puntarenas y San José, que se han convertido en escenarios frecuentes de balaceras y ajustes de cuentas.
Lamentan las pérdidas humanas que sumen a muchas localidades en el dolor y el temor, reconociendo una guerra entre bandas criminales por el control de territorios y mercados de drogas que ha persistido durante años.
Los obispos manifiestan su pesar por la captación de jóvenes, fruto de la exclusión educativa, la pobreza y la falta de oportunidades, por parte de estos delincuentes, a quienes señalan que rendirán cuentas ante Dios por sus actos detestables.
Anunciaron que durante la Cuaresma que inicia el 14 de febrero, se llevará a cabo en todas las parroquias del país una oración por la paz y el fin de la violencia homicida.
“Ya el sentir limonense es de temor”
El obispo de Limón, Javier Román Arias, destaca la realidad innegable de la provincia caribeña. Afirmó que la presencia reforzada de la Fuerza Pública este fin de semana y las recientes acciones de la Fiscalía y la Policía Judicial reflejan la gravedad de la situación.
Señala que la solución no reside en enviar policías de manera esporádica, sino en mantener una presencia más constante en toda la provincia para abordar de manera efectiva la problemática que los afecta. Para él, la temporalidad de la presencia policial provoca que los delincuentes se trasladen hacia San José y regresen cuando la policía se retira, como en un juego del gato y el ratón.
Agrega que en estos días ha percibido el temor entre los habitantes que antes consideraban que las muertes eran entre pandilleros. “El sentir limonense ya es de temor”, concluyó.
Limón presenta una tasa de homicidios similar a la de los países con mayores tasas de mortalidad en el continente, alcanzando 45 por cada 100,000 habitantes en 2023, casi el triple de la tasa nacional de 17.2.