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El debate continuará la próxima semana y luego el Tribunal fijará la fecha de sentencia. Foto: Hugo Solano/ Archivo.
La Fiscalía de Pavas solicitó este viernes una pena de 45 años de prisión en contra de un hombre de apellidos Amador Arias, sospechoso de cometer un homicidio y dos delitos de robo agravado en contra de un funcionario público de 54 años.
La petición fue realizada ante el Tribunal Penal de esa localidad, donde desde el 20 de mayo se inició el debate, que ha tenido varias interrupciones principalmente por asuntos de salud de las partes y por las medidas sanitarias relacionadas con la pandemia de covid- 19.
El representante del Ministerio Público, Ricky González Farguerson, pidió que se impongan diez años de prisión por cada robo y 25 años más por el homicidio en perjuicio de Pedro Eduardo Calvo Olivares, empleado del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE).
La tesis de la Fiscalía revela que Amador, junto a sus cómplices, habría ideado el plan para llegar la noche del 3 de diciembre del 2019 hasta la casa de Calvo Olivares, en Barrio Nuevo de El Tejar de El Guarco, Cartago.
Entre los tres, mediante el uso de la violencia e intimidación, redujeron a la impotencia al ofendido, lo golpearon, ataron y privaron de su libertad.
Luego le taparon los ojos, lo introdujeron en la cajuela de su propio vehículo, del cual se apoderaron, y lo trasladaron a Pavas.
Presuntamente los sujetos obligaron a Calvo a entregar las claves de sus cuentas bancarias y, al parecer, de esa manera consiguieron sustraer ¢1.400.000.
Se sospecha que, posteriormente, le dispararon al ofendido en la cabeza, ocasionándole la muerte.
Según la Fiscalía, estas personas llevaron el cuerpo de la víctima hasta el río Tiribí, donde lo lanzaron.
Su cuerpo apareció el 14 de diciembre en la planta hidroeléctrica de Puente Mulas, en San Antonio de Belén, Heredia.
Posteriormente, el martes 17 de diciembre de ese año, el carro de Calvo apareció en una vía pública en Pavas, San José.
Los análisis forenses al cuerpo permitieron determinar, mediante un estudio de la piezas dentales y ADN del cuerpo, que se trataba del funcionario del ICE y que presentaba dos disparos en el tórax.
La próxima semana le corresponde a la defensa del imputado terminar sus conclusiones y luego Tribunal Penal programará la fecha para la lectura del por tanto.
Como representante de la familia del fallecido está el abogado querellante Cristian Rodríguez León y como representante del imputado la defensora pública Gaudy Quesada Rodriguez.
El Tribunal lo integran los jueces Mauricio Jiménez Vargas, Cinthya Ramírez Angulo y Mariana Alvarado Alfaro.
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