La tarde del jueves 22 de agosto del 2019, una adolescente de 16 años salió de su casa rumbo al colegio. Estuvo algunas horas en clases, pero salió más temprano porque tenía un ensayo de baile en una vivienda cercana.

A las 5:30 p. m. ella recibió una llamada telefónica y después tomó su bicicleta y se marchó. A partir de ese momento no se le volvió a ver.

Familiares y amigos comenzaron a buscarla, pero no fue hasta tres días después que hallaron su cuerpo semienterrado en una finca de cases en 28 Millas de Batán de Matina, Limón.

A días de que se cumpla un año y siete meses después del atroz crimen, el caso permanece en “la etapa preparatoria de investigación”, según confirmó la Fiscalía Adjunta de Limón, que agrupa toda documentación en el expediente 19–000631–1103–PE.

La institución declinó dar a conocer el móvil del crimen, al argumentar que “esa información forma parte privada de la causa”.

Sin embargo, para la familia de la víctima la falta de respuestas, la lentitud del proceso y aparentes amenazas que han recibido terminaron de colmar el vaso.

El pasado 2 de febrero, el padre y otro tío paterno de la ofendida, al parecer, balearon a un hombre de apellido Soto, quien es hermano de uno de dos los sospechosos del crimen de la muchacha.

Por ello, en la actualidad, los parientes de la joven, ambos de apellidos Alpízar Sancho, figuran como investigados por una presunta tentativa de homicidio.

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Joseph Alfonso Rivera Cheves, abogado de la colegiala y de su familia, criticó que luego de casi 19 meses persista la incertidumbre en esta pesquisa, la cual, desde su punto de vista, se ha caracterizado por la falta de claridad y rumbo.

El litigante también reprochó que no haya ninguna persona detenida, pese a que se tienen a dos sospechosos identificados.

Se trata de un sujeto de apellidos Lezcano Cascante (47 años) y un joven apellidado Soto Urbina (22). El primero registra antecedentes por los delitos de homicidio simple y agresión con arma, según consta en la resolución número 2003–00949 de la Sala Constitucional.

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En entrevista con La Nación, el defensor Joseph Rivera aseguró que posterior al asesinato, la familia comenzó a recibir amenazas y que cree que eso pudo incidir en una serie de hechos violentos que han afectado a familiares directos de la menor asesinada.

El profesional citó dos casos. El primero es el homicidio de Martín Ramón Alpízar Vargas, un tío de la muchacha que laboraba como guarda de seguridad en una empacadora de banano en San Carlos de Pacuarito, en Siquirres.

Al hombre, de 55 años, lo mataron de un balazo en diciembre del 2020, al parecer con el único objetivo de robarle su arma de fuego. Por ese caso no hay detenidos.

Luego ocurrió el ataque a balazos contra Soto Urbina, en el que figuran como imputados el padre y el tío de la menor.

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Para Rivera lo más preocupante son las amenazas. Empero, también mencionó que se han dado seguimientos intimidadores a personas que quieren colaborar con la familia.

Afirmó que esos hechos ya fueron puestos en conocimiento de las autoridades, pero prefirió no dar detalles para no afectar la investigación y no poner en riesgo a ninguna persona.

Ataque sexual

Rivera alegó que el trasfondo del crimen de la adolescente es sexual y que eso se ratifica con las fotos tomadas por los agentes judiciales al levantar el cadáver.

Mencionó que la blusa y el sostén de la fallecida estaban levantados, mientras que su pantalón se encontraba por debajo de los glúteos. Sin embargo; por el estado en el que fue encontrado el cuerpo, no se pudo encontrar ningún fluido biológico en el mismo.

“La hipótesis que maneja el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y la Fuerza Pública es que a esta muchacha la interceptaron dos sujetos y le quitaron la bicicleta y el maletín que llevaba”. Se estima que ella opuso resistencia.

“Después, se presume que la metieron a una finca de cas y la abusaron sexualmente. Lamentablemente, uno de los imputados utilizó un objeto no idóneo y la asfixió”, manifestó Rivera.

Afirmó que una de las pruebas clave es una pala, la cual, supuestamente, fue usada por Lezcano para remover tierra en la propiedad donde se encontró el cadáver. Contó que las muestras de tierra tomadas a la pala y en la finca coincidieron.

– ¿Qué valoración hace de la investigación año y medio después del crimen?

– A mí me deja un sinsabor, porque siento que las víctimas no interesan. A la familia de esta muchacha y a mí nos han amenazado, pero gracias a Dios no ha pasado a más.

– ¿Puede catalogarse que los hechos ocurridos el pasado 2 de febrero, donde resultó herido el hermano de uno de los sospechosos, obedece a la inacción policial?

– Vamos a ver, he reiterado ante las autoridades competentes que hay que dar protección a la familia, pero eso no se ha hecho, por lo que ellos ven que la justicia no hace nada. Supongo que a la hora de que el papá y un tío de la joven se encontraron con el hermano de uno de los sospechosos, se dio un enfrentamiento, entonces claro que esto se debe a la inacción policial, porque si se hubiera dado protección, tal vez, ese incidente no pasa.

Por estos hechos, el Juzgado Penal de Batán impuso medidas cautelares contra los parientes de la colegiala.

El mayor de ellos, de 50 años, es su tío y, por disposición de ese Juzgado, vivirá al menos seis meses en el centro de Limón, mientras se le investiga por la agresión a un hombre de 28 años, apellidado Soto Urbina y hermano de uno de los sospechosos del asesinato de la estudiante.

En tanto, su hermano, de 45 años y quien también figura como imputado en la causa 21–000082–1103–PE, solamente deberá evitar las intimidaciones contra el ofendido.

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– ¿Usted ha intentado que a la familia se le brinde protección?

– Es correcto y me lo han negado (...). Ahora se dan patrullajes de la Fuerza Pública en la zona y eso, al menos, hace que la familia se sienta un poco más segura.

Sobre esto, la Fiscalía Adjunta de Limón indicó que “la materia relacionada con los programas de Atención y Protección a la Víctima del Delito reviste de privacidad, por lo que resulta imposible responder” si se tramitó alguna solicitud hecha por el licenciado Rivera, quien no descarta que el crimen de Martín Alpízar, tenga relación con los hechos de agosto del 2019.

“Se presume que sí hay relación, porque aparentemente el mayor de los sospechosos habría comprado un arma de fuego y amenazó con matar a la familia de la menor, por ello, la Policía Judicial indicó que mantiene una investigación”, explicó el abogado.

En tanto, por medio de su oficina de prensa, el OIJ indicó que “el caso se encuentra en fase de investigación y recolección de prueba, que avanza de forma positiva, pero que precisamente por estar en esta fase no se pueden brindar detalles”.

Intranquilidad vecinal

Los hechos de violencia registrados desde hace un par de años en 28 Millas de Batán inquietan a los vecinos, quienes toman precauciones para evitar cualquier situación irregular.

En un recorrido hecho por La Nación en la zona, un chapeador contó que la comunidad quedó golpeada luego del crimen de la estudiante de secundaria, mientras que un extranjero dijo sentirse preocupado.

“Las personas no quieren salir de las casas de noche ni de madrugada”, reconoció el foráneo, quien tiene 25 años de habitar en la zona.

Otro lugareño prefirió no referirse por temor.

Desde hace algunas semanas, la Fuerza Pública realiza controles periódicos en la zona, para combatir la escalada de violencia.