Cinco provincias registran más de 100 homicidios en el 2023

A las 7 p. m. del sábado 30 de diciembre, Costa Rica acumulaba un total de 907 asesinatos. La inédita cifra representa un crecimiento cercano al 42% con respecto al 2022 y confirma las advertencias lanzadas, meses atrás, por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) ante la arremetida del crimen organizado.

Aunque el fenómeno golpeó a todo el territorio nacional, las provincias de San José, Limón, Puntarenas, Alajuela y Guanacaste fueron las más afectadas. Las dos primeras superaron la barrera de los 200 homicidios y la última se unió, por primera vez, a la lista de provincias con más de 100 casos en un año.

Con respecto a San José, la provincia acumulaba al cierre de esta información un total de 222 homicidios, lo cual supera en más de 100 los casos contabilizados durante todo el 2022. Visto en detalle, el cantón Central es el que tiene más asesinatos (81), seguido por Desamparados (25) y Alajuelita (23).

Por su parte, Limón superó por primera vez la marca de 200 hechos de sangre, pues este sábado ya iba por 213.

A la misma fecha, Puntarenas había sido escenario de 149 homicidios. Esta provincia superó, por primera vez, el centenar de víctimas de ataques en el 2021 cuando alcanzó 105 casos; la cifra subió a 111 el año pasado. En la actualidad, los distritos de Barranca, Chacarita y El Roble (todos del cantón Central) son los que concentran la mayoría de muertes.

En tanto, Alajuela registra este año 102 casos, cifra muy cercana a los 108 ocurridos en el 2022, hasta ahora el año más violento en esa provincia. La mayoría de los crímenes cometidos en el 2023 tuvieron lugar en los cantones de Alajuela, San Carlos y San Ramón.

Finalmente, Guanacaste se unió al grupo de las provincias más golpeadas por la violencia al mostrar un abrupto salto desde los 35 asesinatos contabilizados en el 2021, los 61 del año pasado y los 100 perpetrados durante los últimos doce meses.

Según Rafael Ángel Guillén, exdirector del OIJ, la expansión del crimen organizado más allá de Limón y San José obliga a desplegar una mayor contención en otros sitios.

Guillén manifestó que el aumento descontrolado de homicidios es preocupante en lugares que hasta hace poco eran muy tranquilos, como Nosara de Nicoya, que ahora está tomado por criminales que han ejecutado en promedio un homicidio cada mes, así como constantes asaltos y otros delitos.

Nicoya y Santa Cruz están entre los diez cantones con más homicidios de todo el país, con 28 y 24 casos, respectivamente. En Liberia también se nota un incremento fuerte con 15 asesinatos, cifra a la que solo había llegado en el 2017.

El desarrollo urbanístico y comercial de los últimos años, el turismo en concurridas playas, un corredor fronterizo poroso, y el segundo aeropuerto más importante del país, hacen que varias organizaciones de narcotráfico se disputen en Guanacaste mercados para la venta de drogas, lo cual repercute en más homicidios.

El 10 de diciembre pasado, en un terreno cercano al quebrador de Quebrada Grande, en Liberia, fueron hallados tres cuerpos quemados en el asiento trasero de un vehículo registrado a nombre de un vecino de Corredores. Todavía el OIJ no ha identificado a las víctimas. Se presume que fueron asesinadas por un ajuste de cuentas.

Urge contrarrestar arremetida

Rafael Angel Guillén atribuyó la oleada de violencia de este año a un fallo en materia de contención. En ese sentido, el exdirector policial recordó que conforme al artículo 140, inciso 6, de la Constitución Política, le corresponde al Poder Ejecutivo mantener el orden y la tranquilidad de la nación.

No obstante, Guillén consideró que la criminalidad continuará con más fuerza en el 2024 dado que, según sostuvo, no se vislumbra que el Ministerio de Seguridad Pública esté tomando las acciones requeridas para contrarrestarla.

Como aspectos negativos, señaló la falta de presupuesto para el Ministerio de Seguridad, así como las carencias en avituallamiento y entrenamiento de la policía, ante una delincuencia que utiliza fusiles y nuevas técnicas para cometer los delitos.

Guillen resaltó las acciones emprendidas por el OIJ desde el ámbito represivo, al sacar de circulación y desarticular varias bandas criminales, pero insistió en que desde el ámbito preventivo no se observan trabajos similares por parte de la Fuerza Pública.

Por otra parte, manifestó que la guerra entre pandillas está matando a decenas de personas inocentes. De hecho, hasta mediados de diciembre, se habían contabilizado 44 víctimas colaterales.

Es la cifra más alta en los registros del OIJ y muy por encima de los 18 casos del año pasado.

Se trata de hombres, mujeres e incluso niños que quedan en medio del fuego cruzado o a quienes alcanza una bala perdida sin tener nada que ver con los casos de narcotráfico o ajustes de cuentas.

“No es cierto que se estén matando entre delincuentes, como se ha querido hacer ver, pues en las luchas campales entre bandas criminales hay un aumento de quienes mueren siendo inocentes”, aseveró.

Las autoridades prevén que la tasa de homicidios, principal parámetro internacional para medir la violencia de un país, se dispare de 12,6 por cada 100.000 habitantes, a 18 por cada 100.000 habitantes.

Limón desafía plan de seguridad

Limón recibió un refuerzo policial en mayo, cuando asumió el actual ministro de Seguridad Pública, Mario Zamora. En ese momento, el país tenía 324 homicidios, 82 de ellos en el Caribe. Sin embargo, el hecho de que los hechos de sangre se dispararan en esa provincia evidencia que se trató de una estrategia fallida.

De hecho, las luchas entre bandas recrudecieron desde entonces e incluso llegaron al extremo de que el pasado 19 de diciembre al menos cuatro sujetos vulneraron la seguridad del Hospital Tony Facio para dispararle en la cabeza al paciente Guillermo Duarte Avilés, de 30 años, quien había sobrevivido a un atentado previo con arma de fuego.

En medio del estupor que este hecho generó, se desplegó un operativo en los alrededores que permitió a la Fuerza Pública la captura de tres veinteañeros sospechosos del homicidio.

El jerarca de Seguridad admitió que los enfrentamientos entre bandas criminales por territorio y por venganzas recrudecieron en este 2023 y a ello atribuyó “el lamentable aumento de la cifra de homicidios”.

Zamora sostuvo que la Fuerza Pública ha detenido a 104 sicarios en 64 eventos homicidas. Destacó que el Ministerio colabora con la Sección de Homicidios del OIJ y que lo seguirá haciendo en el 2024 para que la investigación judicial permita apresar y sentenciar a los responsables de esta ola de asesinatos.