EscucharUna de las principales preocupaciones ciudadanas en América Latina es la corrupción, que se ha colocado en el debate público en los países y en las agendas de los principales organismos internacionales y de cooperación.
De ello dan cuenta diferentes indicadores, como el índice de percepción de la corrupción que publica anualmente Transparencia Internacional.
La corrupción disminuye la capacidad de los Estados para garantizar los derechos humanos a la población por medio de servicios públicos de calidad, afecta la productividad y el crecimiento de las economías y genera desconfianza en las instituciones de la democracia.
Para contrarrestar los daños de la corrupción, en América Latina, una agenda de integridad se viene desarrollando con distintos grados de avance, que incluye reformas legales, mejoramiento de procesos y capacidades y medidas de transparencia.
Una agenda de integridad debe tener en cuenta diferentes ámbitos de acción, por ejemplo, reglas ex ante y ex post, control e incentivos en la función pública, mecanismos de acceso a la burocracia y a la política, probidad y control ciudadano y una regulación apropiada y eficaz de la interacción entre el sector público y el privado.
Mecanismos de decisión en la administración pública anclados en reglas objetivas y protocolos reducirán los riesgos de corrupción y disminuirán el efecto de procesos con más discrecionalidad que abren las puertas al soborno.
Una dimensión clave de esta agenda es elegir a los mejores, porque la percepción de corrupción en las instituciones del Estado desalienta a personas calificadas que valoran la probidad al involucrarse en la función pública.
Las elecciones primarias de los partidos son otro instrumento valioso para motivar la competencia por los mejores en la nominación de candidatos dentro de los partidos, que tienen una responsabilidad cada vez mayor de elegir mejores candidatos, pues la experiencia muestra cómo aspirantes corruptos y sin las competencias requeridas dañan la democracia.
El mejoramiento permanente de la regulación del financiamiento de las campañas implica eliminar la brecha entre los marcos regulatorios y la ejecución en la práctica, lo que fortalece, además, la capacidad de supervisión de los organismos de control y el rigor y alcance de las sanciones por incumplimiento.
Los mecanismos de ingreso a la administración pública y a los cargos de elección deben dar prioridad al mérito, idoneidad y competencia de los candidatos, y a las cualidades personales como probidad, integridad, transparencia y don de gentes, tanto en su vida pública como privada.
Causa estupor en estos días que para la expresidenta y actual vicepresidenta de Argentina, Cristina Kirchner, el Ministerio Público haya pedido 12 años de cárcel y la inhabilitación de por vida para ocupar cargos públicos y que en Perú el presidente Castillo tenga abiertos seis expedientes, por supuestamente liderar una red de corrupción.
En nuestro país existe la necesidad de revisar la forma como los partidos políticos seleccionan a los candidatos a los cargos de elección.
Más allá del derecho humano a ser elegido, debería analizarse también cómo personas que estuvieron varias décadas fuera de Costa Rica de repente regresan y pueden postularse a la presidencia por un partido que es un cascarón. La política sin políticos, como la llama Manuel Alcántara.
Habrá que pensar en requerimientos electorales, como, por ejemplo, haber vivido quince años en el país ininterrumpidamente antes de la postulación.
La corrupción es una de las mayores amenazas que acechan a la democracia, para rescatarla se requiere urgentemente una revolución por la transparencia y la integridad a lo largo y ancho de la región, que incluya el desarrollo de campañas informativas y educativas para capacitar a la ciudadanía acerca de las conductas indebidas y también para mantener los intereses privados a raya, y como dice Transparencia Internacional en su Estrategia 2030 “hacer que el poder rinda cuentas”, incluidos los partidos políticos, que también están urgidos de una revolución de esta naturaleza.
La autora es politóloga e internacionalista.
