Los dictámenes legislativos sobre posibles reformas a nuestro sistema político constituyen una temática añosa, cíclica y casi estéril. Al iniciarse los cuatrienios gubernamentales, los diputados entrantes reactivan una presta "comisión especial mixta de reformas electorales" y le asignan unos meses para resolver sobre los numerosos proyectos e iniciativas acumulados en la materia. Mas, cuando los primeros asuntos ultrapolémicos -escándalos político-coyunturales, paquetes tributarios, presupuestos...- ingresan a la corriente legislativa; los ajustes en perspectiva se "desactualizan" y pasan al archivo institucional.
La comisión actual, sin embargo, rompió el rutinismo legislativo aludido y avaló -durante sus primeros meses de labores- un relevante proyecto de ley que, en esencia, propone: ampliar, en un año, el cuatrienio previsto en la Carta Magna para el ejercicio del mandato presidencial costarricense. El texto del proyecto -dictaminado desde noviembre de 1985 por la Comisión de Gobierno y Administración de entonces- ya fue aprobado en el primer debate -primera legislatura- de su calificado trámite constitucional.
El período presidencial concerniente, otrora acomodable al sencillo repertorio de quehaceres administrativos y protocolarios oficiales así como a las modestas metas desarrollistas estatales, ahora luce inapropiado para poner al país en marcha hacia un verdadero progreso nacional sostenible. Tal desfase, atribuible al sobrepeso de la atestada agenda de tareas públicas actuales -tanto sustantivas como extrasustantiva- se puede apreciar en torno a los rasgos más evidentes de las tres fases gubernativas que tipifican el período en cuestión.
En el año inaugural, los gabinetes entrantes se caracterizarían por las urgentes autocapacitaciones en los manejos de los siempre atorados aparatos ministeriales. Los reclamos sobre el gran déficit fiscal heredado -y otros yerros- de las administraciones salientes. Las rejustificaciones de las alzas tarifarias de los combustibles y servicios básicos, así como de los crónicos aumentos tributarios. Y, los aprendizajes procedimentales -traumáticos- sobre los presupuestos estatales, la suprafiscalización pública y las negociaciones con los controvertidos organismos financierosinternacionales (FMI-BM-BID).
Además, por las casuísticas convocatorias a concertaciones nacionales pro apoyo intersectorial a los "milagrosos" paquetes tributarios de turno o pro informativas de las obligantes reformas estatales "FMI-istas". También por los afanosos reciclajes de mensajes electoralistas, en lemas impactantes, para sobredimensionar los rematizados objetivos estatales.
En el bienio intermedio, un gabinete creativo traduciría sus ideas programáticas en positivos logros sociales, económicos y administrativos, así como en basamentos para el avance de factibles planes largoplacistas de interés nacional cuyos resultados se verían en las administraciones futuras. Los funcionarios más populares -y quizás los eficaces- descollarían en el mapa político institucional (según especulativas encuestas coyunturales). El equipo de gobierno -generalmente- se reorganizaría pues la curva de incompetencia lideral, acorde con el principio de Lawrence J. Peter, tocaría a ciertos tecnojerarcas emergentes. Y, los informes presidenciales presentados anualmente ante la Asamblea Legislativa reflejarían los verdaderos logros -y obras públicas- atribuibles a las administraciones respectivas.
En el año terminal -electoralista- los ministros y jerarcas públicos salientes tratarían de cumplir, durante algunos meses, con sus principales asuntos departamentales en cartera. Pero desde que se vislumbra el seguro candidato oficial a los próximos comicios presidenciales, la cúpula en cuestión emplearía sus mejores esfuerzos en ayudar -en la sombra- la causa partidista, lo cual implicaría el ágil otorgamiento de pintorescas regalías postreras (materiales de construcción, multibonos, placas de taxi, trofeos deportivos...); la plus ejecución presupuestaria -de los gastos publicitarios- en sutiles campañas pro continuismo gobiernista; los aumentos, puntuales de los salarios generales; y --concordantemente-- el aplazamiento de alzas en los precios de artículos populares, así como de las tarifas de los combustibles y servicios básicos.
Asimismo, en los penúltimos meses comiciales se incrementarían los recorridos presidenciales -de los ministros y jerarcas más anhelantes- por todo el mapa electoral costarricense, a fin de inaugurar -o recelebrar- las obras públicas, concluidas o en proceso, acreditables a las administraciones concernientes.
El quinquenio presidencial en perspectiva, empero, podría atenuar los efectos menguantes -al menos- de las extrafuncionalidades expuestas; y -el estiramiento emergente- agrandaría el subperíodo bienal, intermedio, tipificado por las concreciones gubernamentales. El entorno resultante -más atemperado y productivo- podría entonces favorecer el logro de una gestión pública más desarrollista, eficiente y eficaz. Y, además, podría coadyuvar al surgimiento de una nueva actitud estatal pro laborista que contribuya, de manera más efectiva, al incremento de la producción y competitividad nacionales, requerimiento fundamental para superar los retos del aperturismo comercial que enfrenta el país.
El proyecto de ley en trámite, complementariamente, propone otras reformas políticas trascendentales: el alargamiento de los mandatos parlamentarios y municipales a lustros concordantes con el nuevo período presidencial referido, cuyo propósito sería asegurar un coherente funcionamiento del aparato administrativo estatal. También, la realización de elecciones municipales a la mitad de los quinquenios gubernamentales respectivos, así como la escogencia de los ejecutivos cantonales a través de directas votaciones locales, lo cual conllevaría no solo a una selección más democrática -y meritoria- de los regidores, síndicos y "alcaldes" pertinentes sino también a una positiva delegación de autoridad y responsabilidades estatales de carácter decisional, en los ayuntamientos cantonales.
La aprobación definitiva -segunda legislatura- de las enmiendas constitucionales descritas dependerá tanto de su inclusión, aprobatoria, en el próximo mensaje presidencial al Congreso de la República como del mantenimiento del espíritu reformador interpartidista en materia electoral -aun, en principio, prevaleciente- en el seno parlamentario. Tal voluntad legisladora podría entonces asegurar -en 1996- la feliz promulgación del importante texto legal en comentario, cuya aplicación, ágil y oportuna, transformaría cualitativamente los términos -y el carácter- de los próximos comicios nacionales.
Ese histórico vote plenario, igualmente, significaría un respaldo al trabajo resolutivo realizado por la idónea comisión electoral mixta en funciones, así como un real avance -en la buena dirección- del estancado sistema político costarricense.