EscucharCon mucha frecuencia hemos escuchado, recientemente, a quienes se refieren al déficit fiscal expresar frases como “estamos contra la pared”, “llegamos al borde del abismo” o “se nos acabó el tiempo”. La pregunta usual es si realmente se está diciendo la verdad. Mi opinión es que esos augurios más bien son optimistas y no hay todavía un calificativo adecuado para las consecuencias posibles.
Nos encontramos ante una crisis cuya intensidad y consecuencias serían varias veces mayores que la experimentada por el país durante el gobierno de Rodrigo Carazo Odio. ¿Por qué sería así? Selecciono algunos datos dentro de varios para justificar esta afirmación.
Diferencias. El endeudamiento de las personas ha crecido demasiado y se duplica cada cinco años. Las personas han financiado casas, carros y viajes, entre otros, con más deuda y el salario puede llegar a ser insuficiente ante una subida del tipo de cambio o de las tasas de interés.
Un grupo afectado serán los empleados públicos en paro. El movimiento contra la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas obligará a las autoridades a rebajar el salario de los manifestantes, quienes, al no poder atender sus obligaciones, causarán una situación dramática de crisis en cooperativas, bancos y a prestamistas que hayan propiciado tal nivel de deuda. Eso no era así en los 80.
Las personas se endeudan cada vez más en dólares, lo cual no sucedía con tal intensidad en los 80. ¿Qué pasará si el tipo de cambio, como consecuencia de la crisis, se multiplicara de la misma forma como sucedió en los 80? ¿Podría alguien pagar sus deudas en dólares si el tipo de cambio sube, por ejemplo, a ¢3.000?
Igual puede señalarse respecto a las pequeñas y medianas empresas. ¿Cuántas estarían en capacidad de enfrentar una crisis de tales proporciones?
Decimos que nuestro nivel de pobreza es del 20 % de la población. Es posible que por la crisis ese porcentaje llegue al 25 %. En 1980, un crecimiento igual arrastró a la carencia de productos básicos a cerca de 100.000.
Situación estatal. La deuda del Gobierno en tiempos de Carazo crecía a un ritmo diario de cerca de $5 millones y hoy lo hace a un ritmo diario de unos $10 millones.
La participación del Estado en proveer beneficios sociales ha subido a lo largo del tiempo y no puedo imaginar el que, ante la emergencia y la gravedad, tales beneficios deban recortarse o suprimirse como lo anticipan algunos expertos. Los escolares disfrutan hoy de alimentación, existen programas de becas para estudiantes y cada vez hay más pensiones. Esas cosas que antes no existían ahora están expuestas a que se vean afectadas.
En los ochenta, un porcentaje elevadísimo de estudiantes de primaria, secundaria y universitaria debieron abandonar las aulas porque el desempleo en que habían caído sus padres les impedía seguir sus estudios. Algunos miembros de esa ola poblacional todavía viven y saben lo que aquello significó en sus vidas.
¿Por qué queremos ignorar que esta crisis generará una nueva ola de abandono estudiantil y sumirá en el futuro en la pobreza y falta de preparación a muchos más estudiantes que en los ochenta?
En virtud del crecimiento poblacional, el número de empleados ha crecido respecto al nivel existente en los 80 y, por ello, si solo un 1 % de los trabajadores perdieran su empleo representaría que 22.000 personas se quedarán en la calle y sin salario. Esa cifra era muchísimo menor en los 80.
Escribo estas líneas con mucho pesar, pues quien no ha sido testigo de una crisis cree que los que sí la vivieron exageran y hasta pueden asegurar que no son ciertos los augurios expresados.
No podemos quedarnos quietos para ser testigos del fracaso de nuestro país cuando podemos ser apoyo activo para el gobierno y los legisladores para lograr la reforma fiscal que nos puede alejar del riesgo inminente de una crisis.
El presidente de la República, afortunadamente, ha tomado una posición valiente y decidida y, por ello, expreso mi apoyo total a él y a sus medidas en procura de aprobar la reforma fiscal.
El autor es exministro de Hacienda.
