Los beneficios del pago electrónico son amplios para la mayoría de los actores del sistema de transporte. Básicamente, disminuye el uso del efectivo como medio de pago, aumenta la velocidad al abordar los autobuses y hay mayor transabilidad.
Adicionalmente, se reduce el tiempo de viaje, el congestionamiento vial y las emisiones de carbono. Asimismo, permite la identificación de demandas estables (preferencias) y la integración tarifaria.
El pago electrónico nos permitirá obtener información valiosa para el diseño de políticas públicas, pues se contaría con información en tiempo real sobre variables como la demanda y la oferta, lo cual permitirá un rediseño de rutas más eficientes.
Experiencia. Por otra parte, existen en el mercado propuestas de pago electrónico con diversas tecnologías que funcionan perfectamente bien y desde hace algunos años.
La oferta de estos sistemas proviene de empresas nacionales, regionales e incluso transnacionales. Es decir, la tecnología, el know how y la experiencia ya existen.
En este aspecto es vital comprender que el Estado no debe buscar cómo regular absolutamente todo lo que abarca el cobro electrónico; es decir, hay empresas con experiencia, conocimientos e innovación propia de la existencia de un mercado en competencia.
El Estado debe indicar lo que le interesa del cobro electrónico, en este caso los datos del funcionamiento del mercado, pues resulta evidente que con esta información puede crear mejores políticas públicas en transporte.
El Estado debe entonces garantizar que el acuerdo entre los autobuseros y los operadores del cobro electrónico permita a los entes regulatorios el acceso a la información generada del sistema y permitir que el mercado opere entre ambos.
No caigamos en el error de atrasar el cobro electrónico solo porque los reguladores quieren controlar hasta el color del cable que se utilizará en los dispositivos de cobro. Tenemos “prueba superada” en este aspecto, pasemos a la ejecución.
El autor es economista.
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