El pasado 1.° de mayo, en su discurso ante la Asamblea Legislativa, el presidente, Luis Guillermo Solís, se refirió al deseo de su administración de adoptar los requerimientos necesarios para constituir un gobierno abierto.
El país inició este camino hace algo más de tres años, cuando entró a la Alianza para el Gobierno Abierto mediante su carta de intención de adhesión. Vale la pena retomar algunas lecciones aprendidas y conceptos que servirán al Ejecutivo para recorrer con efectividad el rumbo propuesto y redactar el nuevo plan de acción, la hoja de ruta que definirá las acciones que deben ejecutarse en esta materia.
Entender el término “gobierno abierto” como una idea abstracta dificulta la puesta en marcha de iniciativas que promuevan sus objetivos.
Por ello, es fundamental que todo el aparato estatal entienda de qué se trata, pase del concepto abstracto a una definición concreta y dirija los esfuerzos en esta materia hacia sus pilares fundamentales: generar transparencia, empoderar a la ciudadana con miras a fomentar su participación y a rendir cuentas, de manera que se contribuya al combate a la corrupción y al uso eficiente de los recursos públicos.
En el loable espíritu del actual gobierno de seguir este camino, es importante tener claros los siguientes aspectos:
Un gobierno abierto es más que transparencia. Es un pilar fundamental para alcanzarlo, pero se debe ir más allá.
La transparencia debe generar una eficaz rendición de cuentas y, para ello, no basta con publicar información; es necesario difundirla y hacerla de fácil comprensión, que permita a los ciudadanos entender las acciones del gobierno y su justificación y que promueva su participación. De esta forma se pasará de la mera entrega de información a un ejercicio proactivo de transparencia en la gestión.
Casa de cristal. El gobierno abierto no es gobierno digital. De los cuatro valores fundamentales que inspiran a la Alianza para el Gobierno Abierto, contenidos en los “Artículos de Gobernanza”, solo uno hace referencia a las nuevas tecnologías, el de “Tecnología e innovación para transparencia y rendición de cuentas”. La eficacia de las plataformas digitales está condicionada a que promuevan alguno de los pilares de gobierno abierto, de manera que faciliten a la sociedad influir en las decisiones de gobierno.
Es positivo que el presidente haga alusión a una plataforma de transparencia. Sin embargo, es clave que esta también promueva los otros aspectos mencionados anteriormente, y que cuente con una difusión adecuada.
Son varios los casos de éxito sobre el uso de plataformas digitales en la identificación de necesidades civiles y generación de espacios para hacer contribuciones, como los implementados en el Reino Unido y Estados Unidos (“ e-petitions ” y We, the people ”).
La transparencia no es un fin en sí mismo, sino un instrumento que ha de conducir a una eficaz rendición de cuentas, que empodere a la ciudadanía para fiscalizar la eficiencia en el uso de recursos públicos y que ayude a evitar la corrupción y a levantar obstáculos innecesarios en la ejecución pública. En ello radicará el éxito. En este sentido, es un camino correcto hacia la pretendida reforma fiscal, pues es capaz de generar el prestigio necesario para promoverla.
Así, el gobierno abierto se convertiría en aliado en la consecución de partidarios para un nuevo plan tributario.
Se requiere un marco jurídico más sólido para el gobierno abierto, que facilite la coordinación eficaz de los organismos que deben impulsarlo. Este marco sería una oportunidad para el gobierno de vincular la agenda de transparencia a temas relacionados, como “datos abiertos” y acceso a la información.
El reporte Gobierno Abierto en América Latina, de la OCDE (2013-2014), destaca entre sus beneficios una mejor calidad en los servicios y políticas públicas, así como un mayor aprovechamiento de los recursos.
Por ello, es de esperar que las instituciones con mayor participación en el presupuesto estatal, y las que ejecutan grandes proyectos públicos, tengan un papel protagónico en los planes de un gobierno abierto.
El autor es Investigador Nacional del Mecanismo de Reporte Independiente de la Alianza para Gobierno Abierto