En respuesta al editorial de La Nación del día 27 de febrero del 2013, señalo que esta Administración, desde que asumió su gestión en el año 2010, se ha encargado de optimizar el recurso humano y tecnológico de la Imprenta Nacional. Prueba de ello es que 6 meses después de haber llegado esta Administración publicamos la primera Gaceta con firma digital, de acuerdo a lo que establece la Ley de Certificados, Firmas Digitales y Documentos Electrónicos.
Es importante que, sin demeritar el papel que juegan los medios de comunicación impresa en el país, al referirnos a La Gaceta estamos hablando de seguridad jurídica, por consiguiente, el proceso de migración definitiva a la Gaceta Digital no podía tomarse de manera abrupta. Debemos entender que una publicación de 135 años no puede dejar de imprimirse de la noche a la mañana; es por ello que durante los últimos dos años nos hemos dado a la tarea de hacer los ajustes necesarios para que estos cambios no afecten la seguridad jurídica, ni los derechos de las y los ciudadanos, resguardados en los numerales 124 y 129 de la Constitución Política, que se refieren al principio de publicidad.
Es un nuevo paradigma que requería de un proceso de sensibilización, sobre todo de tiempo, para que las instituciones del Estado y usuarios en general tomaran las medidas tecnológicas correctivas que implica enviar los documentos en un PDF o Word con firma digital.
Costa Rica fue el primer país de Latinoamérica en contar con una Gaceta con firma digital certificada, convirtiéndose en un referente para toda la región, siendo México la segunda nación latinoamericana que logra dar este gran paso en junio del año pasado.
Actualmente, tanto en La Gaceta como en el Boletín Judicial publicamos los documentos que legalmente tienen que ser publicados en un tiempo menor de 24 horas; caso contrario, en el pasado, pues los tiempos de publicación eran de 15 o más días. ¿Es ese un logro o no?
En cuanto al tema de las papeletas, esta Dirección respeta totalmente la decisión tomada por el Tribunal Supremo de Elecciones; no obstante, no acepta el hecho de que se diga que el Tribunal no confía en la Imprenta ya que durante 41 años se han impreso las papeletas sin que haya mediado ningún tipo de queja en cuanto a calidad y seguridad.
Tampoco pretende la Administración tapar el sol con un dedo: las huelgas han sido una constante en esta empresa, que desde cualquier óptica que se mire ha ido en detrimento de su imagen. Sin embargo, es una situación que se sale del dominio de la Administración, lo que no es óbice para que la Administración no haya utilizado los medios necesarios de comunicación con los sindicalistas en procura de hacerles ver que ese no es el mejor medio para que esta empresa pueda ser sostenible en el tiempo.
Por ello puedo asegurar que no se vislumbra un evento huelguístico en el mediano o largo plazo, porque el mayor tema de discusión en aquella oportunidad era el rompimiento del tope de cesantía en la convención colectiva, solicitud que finalmente no fue aceptada por la Administración y su Junta Administrativa.
Con respecto al precio que se cobró, la diferencia en el mismo obedece a que la empresa que se menciona como posible adjudicada trabaja con un sistema de impresión distinto al nuestro, que es el de formulario continuo, el cual realiza todos los procesos en una sola máquina que numera, pleca y empaca, lo cual implica un ahorro en horas hombre y por ende en tiempo. La especialidad de la Imprenta es el sistema de impresión plano ( offset ), que es de altísima calidad; muestra de ello, es que durante 41 años hayamos sido los responsables de imprimir el material electoral que el Tribunal Supremo de Elecciones requiere para el proceso democrático de elección de presidente, diputados, alcaldes, munícipes, etc.
Estas diferencias estuvieron presentes desde la apertura del proceso de licitación ya que en el cartel se indicaron las condiciones que debía reunir la empresa que imprimiría las papeletas, la cual debía contar con el sistema de formulario continuo. Es decir que desde el inicio el Tribunal, con todo el derecho que le otorga la normativa, estaba buscando una opción distinta a los servicios que ofrece la Imprenta, la cual es competitiva con empresas que reúnan las mismas condiciones de impresión.
La Administración respeta absolutamente la decisión que ese Supremo Poder de la República tomó y tome en el futuro. Para la Imprenta Nacional las papeletas no son un negocio y nunca lo han sido ya que si las hemos impreso es porque así lo estipula el Código Electoral en el artículo 304, para contribuir con el proceso de elección de nuestros gobernantes, el cual es un acontecimiento vital para la democracia del país.
Durante todo este tiempo la Imprenta Nacional ha trabajado con las limitaciones de no poder contratar personal cuando lo requiere, no cuenta con jornadas de trabajo mixtas o nocturnas, la compra de materiales y maquinaria debe hacerse mediante engorrosos procesos de licitación, condiciones con las cuales resulta sumamente difícil trabajar al ritmo y con la holgura que trabaja la empresa privada.
Esta Administración ha velado por preservar los más altos valores de seguridad, confidencialidad, eficiencia, calidad y competitividad, que siempre han caracterizado a la Imprenta Nacional en sus 177 años de existencia, y podemos asegurarle a cada una y cada uno de los habitantes de la República que continuaremos por ese camino, porque es al público, al usuario, a quien nos debemos.
Termino planteando una pregunta: ¿Será acaso que, dada la altísima inversión en equipo, en el grueso número de clientes que tenemos, en el aumento en la producción, la Imprenta Nacional se ha convertido en una amenaza para la empresa privada que se dedica a las artes gráficas?