EscucharSumida en un clima de presiones de líderes políticos y religiosos, ciudadanos, corporaciones y actores internacionales, la administración Trump dio a conocer el miércoles la firma del decreto que suspendía la política migratoria de separación de los niños de sus padres o familiares que ingresaran de manera ilegal por la frontera sur de Estados Unidos.
No obstante, el daño ya estaba hecho. La iniciativa, puesta en práctica desde abril, afectó particularmente a familias mexicanas y centroamericanas que escapan diariamente de la violencia y la pobreza. En solo tres meses, 2.342 niños fueron alejados de sus padres con consecuencias humanitarias, políticas, de recursos y de posicionamiento internacional de Estados Unidos.
Contrario a lo expresado por la administración, la orden no se desprendía de ninguna ley federal que estipulara la separación de padres e hijos que ingresan ilegalmente, independientemente de la forma de entrada. En realidad, dicha política –y la crisis generada por ella– fue creación del gobierno de Trump. Se trató de una política de cero tolerancia formulada por el Departamento de Justicia orientada a detener y procesar por delito mayor (y ya no por infracción menor) a los padres que intentaran entrar a los Estados Unidos de forma ilegal, aun en caso de cumplir las condiciones válidas para la solicitud de asilo, y separar, asimismo, a sus niños en albergues o con familias temporales durante el proceso.
Consecuencias humanitarias. Aparte de los traumas por la separación y la aprehensión de los niños, la medida trae dos serias consecuencias humanitarias: la ausencia de un plan para reunificar las familias ya separadas y la detención de ahora en delante de familias enteras.
Por una parte, los procesos de reunificación de familias migrantes representan un serio desafío migratorio y legal pues, según expertos y activistas, las instituciones son poco eficientes en el monitoreo de los niños y los padres migrantes, y en varios casos esa reunificación se torna imposible.
En otros casos, los padres son puestos en la vía rápida para la deportación, a los niños se les aplican protecciones legales para evitar que sean víctimas de abuso o de tráfico de menores, las cuales pueden tornarse por años generando que padres e hijos terminen en distintos carriles legales y tiempos de resolución que dificultan su reencuentro.
Algunos de los padres de familia devueltos a sus países habitan en zonas remotas, no hablan inglés y carecen de recursos para dar seguimiento al estado de sus hijos que quedaron en Estados Unidos, lo cual imposibilita presentarse a tramitar la salida de los niños y pierden los derechos de custodia.
Por otra parte, se presenta el problema de que el decreto que elimina la separación no suspende la medida de procesar la inmigración ilegal como un delito mayor, por lo cual los padres serán ahora detenidos junto con sus hijos durante dicho proceso, sin saber, por ejemplo, qué ocurrirá con los niños posteriormente, pues la ley prohíbe su aprehensión por más de 20 días, y después deben ser llevados, en principio, a hogares temporales.
Efectos en la política. La medida migratoria ha tenido un gran impacto político de cara a las elecciones legislativas de noviembre. El rechazo a dicha política por tres cuartas partes de la opinión pública podría poner en peligro la mayoría republicana en el Congreso y, especialmente, la reelección de aquellos congresistas con distritos de grandes mayorías hispanas.
Paralelamente, el problema ha producido un mayor antagonismo entre las filas republicanas y demócratas en el Congreso, además de profundas divisiones internas en el flanco republicano, todo lo cual dificultaba la construcción de una mayoría para la votación de las dos propuestas de legislación migratoria integral que serían sometidas a votación en dicho órgano este jueves.
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La política ha tenido, asimismo, un costo económico importante. Según un reporte de NBC News, mantener a los niños separados de sus padres en las ciudades temporales en tiendas de campaña ronda los $775 por cada infante por noche, y el costo de mantener estas ciudades-tienda para 400 personas por un mes es de, aproximadamente, $5 millones. Mucho podría hacerse con esos recursos abordando más bien, por ejemplo, los push factors o causas de la migración en los países de origen, o las amenazas reales a la seguridad.
Finalmente, los efectos internacionales de la política de Trump se vieron mediante múltiples manifestaciones de censura de líderes y organismos internacionales, incluyendo el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, precisamente un día antes de que Estados Unidos se retirara de dicho órgano, o bien del Congreso mexicano que, por medio de la aprobación de una resolución, llamó a detener la cooperación en materia de migración y seguridad con su vecino del norte.
La autora es politóloga.
