Nuestro desempeño ambiental está en rojo y es insostenible. El Informe Estado de la Nación nos delata como país en riesgo ecológico y lento respecto a las trasformaciones estructurales necesarias para ser lo que internacionalmente decimos que somos: una economía emergente competitiva, ambientalmente eficiente y sostenible.
Sigue vigente el mensaje de Miguel Gutiérrez Saxe: “Ya conocemos la Costa Rica que tenemos, debemos redoblar esfuerzos por el país que deseamos”.
El informe es una radiografía de la realidad nacional que nos acompañó en el último año y una mirada confiable a la compleja situación en materia económica, política, social y ecológica.
El capítulo “Armonía con la naturaleza” enumera los avances y retrocesos. Sin entrar en pánico ni derrotismos los resultados son alarmantes y de pronóstico reservado.
Nuestra agenda de desarrollo nacional desconoce el lugar que ocupa el ambiente y, por lo tanto, es inadecuada la forma como tratamos el territorio, los recursos y el patrimonio natural.
La portada del informe, una caja de cartón con contenido frágil, ciertamente interpreta la vulnerabilidad del país debido a la pérdida de resiliencia.
“Armonía con la naturaleza” reúne ocho investigaciones sobre cambio climático, agricultura sostenible, gestión ambiental de gobiernos locales, biodiversidad, energía, movilidad, agua potable y saneamiento.
Concluye que por la forma como administramos los recursos estratégicos naturales (agua, alimento, ecosistemas y biodiversidad) no vamos por buen camino.
Existen múltiples rezagos en la conservación continental y marina, son recurrentes las duplicidades legales y prevalecen claroscuros sobre cómo los instrumentos de política se conectan con acciones para una agenda verdaderamente sustentable. Además, la incapacidad de reducir los efectos se debe a la falta de cumplimiento de leyes y de políticas de poco alcance que reproducen patrones de enorme impacto en el ambiente.
Los instrumentos de política ambiental no han resuelto los viejos desafíos entre la protección y la producción (pesca, agroquímicos y minería) y mucho menos en encarar los nuevos retos que demanda la sostenibilidad.
Aunque la realidad es indiscutible, seguimos liderando iniciativas mundiales contra el cambio climático mediante el plan nacional de descarbonización de la economía, acciones de mitigación nacionalmente apropiadas y una matriz eléctrica casi 100 % de energías renovables.
Adicionalmente, logramos aumentar territorio protegido al crear el Área Marina de Manejo Bahía Santa Elena; mejoramos indicadores de cobertura forestal (bosques, plantaciones, pastos arbolados), conexión de paisajes y ecosistemas terrestres protegidos; redujimos la huella ecológica forestal aumentando la captura de carbono e incrementando el portafolio de servicios ecosistémicos; y mejoramos el registro y monitoreo de las cuentas ambientales del recurso hídrico y las emisiones de CO2 de actividades económicas y domésticas.
Entendiendo que no es responsabilidad exclusiva del Estado solventar las deficiencias para la protección del ambiente y por la trascendencia de las conclusiones y recomendaciones del informe, la academia, las empresas privadas y las instituciones públicas deben discutir e integrar los resultados del Estado de la Nación como parte de su responsabilidad corporativa.
Convendría declarar obligatorio que escuelas y colegios lo estudien y conozcan los retos que el país enfrenta en esta materia.
El autor es investigador.