“Estamos convencidos de que el INA debe, y puede, satisfacer la imperiosa e impostergable necesidad de formar personal desde el nivel operario hasta el de técnico medio para los cambios tecnológicos que, necesariamente, han de introducirse en el proceso productivo, inherentes al reajuste estructural que el país se propone realizar… Estamos en una encrucijada… o nos adentramos por la vía del cambio tecnológico para pegarnos al tren del futuro, aunque sea en el caboose, o nos quedamos petrificados, fosilizados, como especímenes anacrónicos viendo pasar la historia”.
Estas palabras fueron escritas en 1984 por Danilo Jiménez Veiga, exministro de la Presidencia y de Trabajo, para describir, en su acertado pensamiento, el papel que debía desempeñar el INA en aquellos momentos de crisis.
Casi cuatro décadas después, sus palabras siguen vigentes. El país enfrenta nuevos retos impuestos por la cuarta revolución industrial y debemos permitirle al INA encargarse de formar el talento humano para la economía del conocimiento, que responda a los trabajos del futuro. En palabras sencillas, alinear la oferta de puestos disponibles con el personal necesario para llenarlos. De esta forma, también, se consigue la reactivación económica de forma sostenible a largo plazo.
Sin embargo, en la ruta hacia este objetivo, la institución necesita transformarse y liberarse de las trabas administrativas que la sumergen en burocracia.
El proyecto para reformar la ley constitutiva del INA, convocado en sesiones extraordinarias, pretende brindarle una serie de herramientas y condiciones que le permitan responder de forma ágil a las exigencias del mercado laboral.
Acortar las brechas. Según el Informe del Estado de la Educación del 2019, la preparación del recurso humano para insertarlo con éxito en la sociedad del conocimiento y la cuarta revolución industrial ha ido a paso de tortuga. En el 2018, solo el 37 % de las carreras universitarias pertenecían al área de ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas, y, de estas, un 36 % correspondían a ciencias de la salud.
De acuerdo con el estudio de la firma McKinsey, Skill shift automation and the future of the workforce 2018, la automatización acelerará el cambio en las habilidades laborales requeridas y el mayor crecimiento en la demanda será por habilidades tecnológicas —la categoría más pequeña en Costa Rica—, la cual aumentará en un 55 % a escala global. Este aumento afectará la demanda de habilidades digitales básicas y las tecnológicas avanzadas.
Por otra parte, el desempleo es percibido por los costarricenses como el principal problema del país, el cual alcanza un 11,8 %.
Según datos del INA, durante el 2018, por lo menos 126.291 personas recibieron capacitación y formación profesional, aproximadamente un 3,3 % de la población nacional con 15 años de edad o más, bajo las diferentes modalidades ofrecidas. Eso nos da una idea del cambio directo que la institución logra y podría potenciarse aún más de llegar a concretarse las reformas.
Si ya su labor es loable y registra resultados en poblaciones con limitado acceso a oportunidades educativas, imaginemos la extendida huella que el país imprimiría si sus profesores estuvieran en mayor capacidad de formar acorde con las nuevas tendencias que marcan la pauta del empleo mundial y local. Su impacto en la reducción de brechas sociales sería formidable.
Agilizar la contratación administrativa y de profesores, participar en alianzas público-privadas, contar con más recursos financieros y soltarle las trabas para generar empleo debe ser la meta.
Solo a través de la educación relevante y oportuna de la población la aguja de la equidad se moverá en la dirección correcta.
El autor es director general de Cinde.
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