Son conocidos los efectos transformadores de las pandemias en la historia de la humanidad, especialmente en materia de gobernabilidad, pues su impacto inicial en lo económico desestabiliza rápidamente el sistema político. Así que la estabilización es lo prioritario.
Los principales indicadores para actuar son los asociados con el crecimiento del PIB, el índice de desempleo, el financiamiento sostenible del gobierno, la deuda pública y el número de jornadas perdidas por huelgas.
Los indicadores citados advierten sobre la inestabilidad creciente en el inicio de un ciclo electoral que socaba la voluntad de cambio y de una plétora de élites extractoras de rentas que resisten a la sombra del Estado.
Todo lo anterior tiende a debilitar las capacidades para construir una estrategia de gobernabilidad democrática que integre aspectos económicos, políticos, sociales y medioambientales.
Estructura vulnerable. Urge repensar la estrategia de sostenibilidad financiera del Estado con el fin de hacerlo menos vulnerable a los procesos recesivos de la economía mundial. Lo que obliga a una reforma fiscal paulatina que transforme la estructura tributaria hacia un mayor peso de los impuestos progresivos.
La actual es muy endeble a las fluctuaciones de la economía mundial, sobre todo cuando lo primero es la caída del consumo, generando crisis fiscales con efectos asfixiantes en el endeudamiento público.
Es necesario poner atención a los cambios que está originando la pandemia en la relocalización de los proveedores estratégicos de las economías avanzadas.
Ello implica mejoras para elevar la calidad del capital humano, lo que conlleva una profunda reforma educativa.
Nuestro país invierte un 7 % del PIB en ese renglón, con resultados decepcionantes de acuerdo con el índice de capital humano del Banco Mundial, en contraposición con el 5 % del PIB de la OCDE.
Este proceso tiene que ir acompañado de una marco regulatorio que favorezca los encadenamientos con las empresas que se encuentran en régimen especial, como mecanismo para potenciar la transferencia de tecnología y la adopción de las mejores prácticas administrativas en las empresas locales.
Reingeniería. En lo social, la primacía recae sobre una reingeniería de las instituciones públicas, ya que su efectividad es muy limitada y un porcentaje grande de los recursos se filtran por los vericuetos de sus múltiples estructuras organizacionales.
Un estudio del BID, del 2018, titulado Mejor gasto para mejores vidas: cómo América Latina y el Caribe pueden hacer más con menos, concluyó que la reingeniería involucra cierre de instituciones, revisión y eliminación de procesos que no generan valor público, reducción de burocracia y mayor seguimiento y control a la asignación e impacto real de los recursos dedicados a lo social.
En lo político, es obligado retomar la discusión con respecto a la conveniencia de un sistema parlamentario, mediante las reformas constituciones para impulsar los partidos políticos programáticos, modernos, robustos, lejos de las maquinarias electorales actuales, capaces de articular las demandas de una sociedad más compleja y dinámica. Lo que requerirá elecciones de medio período como mecanismo de control de la labor legislativa.
Pensamiento verde. Una estrategia de gobernabilidad democrática es imposible sin tener presente lo ambiental. Nuestro país ha sido líder mundial en la protección de casi un 30 % del territorio, pero ello tiene que traducirse en pautas culturales proclives al reciclaje, ciudades verdes, medios de transporte propulsados por energías renovables.
En otras palabras, teniendo como eje, para la toma de decisiones en materia de desarrollo, la sostenibilidad ambiental del modelo.
Las crisis nos hacen conscientes de lo vulnerables que somos a los cambios de nuestro entorno, ya que exacerban los conflictos sociales como producto de las limitadas capacidades del Estado en materia de gobernabilidad.
La pandemia es una oportunidad para emprender las reformas necesarias, de lo contrario, los efectos a mediano plazo serán devastadores.
El autor es politólogo.