EscucharLa prensa se ha llenado en las últimas semanas de accidentes de tránsito y los principales implicados son motociclistas. Según cifras del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), este año hasta el 12 de marzo, el 52 % de los fallecidos en carretera (43 personas) viajaban en una de estas máquinas. Desde el 2014 hasta hoy, la motocicleta es el tipo de vehículo en el que más personas mueren.
Una amplia oferta de motos de bajo costo, y financiamiento, las puso al alcance de casi cualquier persona. Esa democratización en el acceso al transporte privado se refleja ahora en vías saturadas de modelos de baja cilindrada.
Lo inquietante es que una buena parte de los motociclistas se comportan de forma temeraria, conducen sin licencia y sin los controles técnicos anuales, de acuerdo con la Policía de Tránsito. Un vistazo a cualquier depósito de vehículos del MOPT le dará una idea de la magnitud del problema. Según datos de Riteve, de los 123.579 vehículos que en el 2018 no hicieron la revisión técnica más de la mitad (55.968) fueron motocicletas.
Este fenómeno trae consecuencias de orden social, vial, económico, sanitario, ambiental y político, que tomaron al país desprevenido.
La muerte violenta de cientos de personas en las carreteras, y otra gran cantidad con lesiones incapacitantes para toda la vida, llevan dolor incalculable y un severo descalabro económico a muchos hogares.
Costo económico. Datos del Observatorio del Desarrollo de la Universidad de Costa Rica, de junio del 2018, señalan que al país le cuesta entre ¢420.000 millones y ¢480.000 millones (el 1,2 % del producto interno bruto) atender los accidentes de tránsito de motociclistas. Esa cifra se puede comparar con el presupuesto anual del MOPT, explica la UCR.
La Policía de Tránsito indica que en los dos primeros meses del 2019 se sancionó a 724 motociclistas por no llevar casco o llevarlo mal colocado. Otros 417 conductores fueron multados por permitir que su acompañante no llevara casco o lo llevara mal puesto. 22 más llevaban niños menores de 5 años en la moto y 1.092 no portaban material reflectante.
No, los motociclistas no son los únicos causantes de los accidentes en que se ven involucrados, ni todos ellos manejan como si no tuvieran miedo a la muerte, pero, para las autoridades, una cantidad alarmante desconoce, o desprecia, las normas básicas de conducción.
Adiós al bus. No por casualidad el crecimiento en la venta de estas máquinas coincide con la baja en el uso de buses en los últimos años, del 74 % al 58 %, documentada en la Encuesta Nacional de Percepción de los Servicios Públicos de la Contraloría General de la República del 2018.
Las motos de bajo costo y el transporte público colectivo están dirigidos a un mismo segmento de la sociedad. Ese que por muchas décadas solo tuvo el bus como opción para movilizarse y soporta múltiples problemas por la mala calidad del servicio.
La mejor prueba de ese malestar es que apenas apareció una opción económicamente viable para dejar los buses unas 200.000 motos salieron a la calle en poco más de un lustro. Solo en el 2016 se inscribieron 69.589.
Otra consecuencia negativa es la desconcentración en la matriz de transporte nacional. La migración de cientos de miles de usuarios del tren o el bus a la moto trae externalidades negativas, pues con cada nuevo motor de combustión interna en las calles crece la huella de carbono del país. Un serio revés para el plan de descarbonización de la actual administración.
Más efectos. Aparte de lo terrible e irreparable de cada muerte en carretera, los congestionamientos generados por los accidentes entorpecen aún más el movimiento de la población económicamente activa. Debemos sumar más emisiones de gases tóxicos, llegadas tardías, estrés de los ciudadanos y las oportunidades de negocio perdidas.
Agréguese a lo anterior los elevados gastos del Instituto Nacional de Seguros (INS) para atender a los accidentados, lo que se tradujo en el encarecimiento del Seguro Obligatorio Automotor en el 2018.
También está el esfuerzo de médicos y enfermeras, la necesidad de camas y equipo del INS o de la Caja Costarricense de Seguro Social para atender a estas personas o los miles de litros que aporta el Banco Nacional de Sangre, que se podrían destinar a otro tipo de padecimientos no tan fácilmente prevenibles como los accidentes.
Resolver la ola de muertes violentas requiere diferentes esfuerzos. La calidad del transporte público debe mejorar para que quienes lo abandonaron vuelvan a él y cientos de miles de conductores más dejen su vehículo en casa. Para ello, el tren, la sectorización de rutas de buses y el cobro electrónico son indispensables.
En seguridad y educación vial, los problemas históricos de calidad ameritan una revisión completa del proceso para otorgar licencias. Está claro que la formación impartida por el Consejo Nacional de Vialidad no cala en muchos conductores.
Compete a los poderes Legislativo y Ejecutivo dotar a las autoridades de Tránsito de las herramientas jurídicas y los recursos para volver a controlar las carreteras.
El autor es periodista.
