La política del gobierno de sustituir la gasolina súper por un nuevo producto llamado Eco 95, con un 8 % de etanol, causó suficiente revuelo como para que se suspendiera el plan por un año.
La primera conclusión a la que uno puede llegar, tras varios días de oír a quienes apoyaban u objetaban la medida, es que a los ciudadanos les interesa mucho más su vehículo (y su bolsillo) que el ambiente. El grueso de la discusión se centró en los posibles daños en los motores.
La segunda conclusión es que ¡los costarricenses no leemos! y somos pésimos consumidores e incapaces de abrir la guantera del auto y buscar en el manual de usuario la explicación del fabricante con respecto al combustible que se puede utilizar.
El etanol es utilizado en países tan cercanos como Brasil o tan lejanos como Suecia, hasta en una proporción del 85 %. También se mezcla, desde la década de 1970, con los combustibles fósiles para oxigenarlos y disminuir las emisiones en casi todo el orbe. Existe amplísima literatura técnica sobre el etanol, producida por agencias ambientales tan serias como la estadounidense EPA.
Por eso, la gran mayoría de los fabricantes de autos indican en el manual los tipos de combustibles apropiados para el automotor. Un 8 % de etanol no es una cantidad considerada dañina para un motor convencional.
El cambio en los combustibles habría tenido una mucha mejor aceptación en la opinión pública con el apoyo técnico y académico de las Escuelas de Química e Ingeniería Mecánica de la UCR, con respaldo bibliográfico de las agencias ambientales de naciones con amplia experiencia en la materia, así como con la venia de los distribuidores de autos del país.
Estrategia. El asunto del etanol pone una vez más sobre el tapete la atención a la forma como se manejan las estrategias para gobernar, no importa la materia: ambiental, laboral o de salud.
El planteamiento utilizado por el Poder Ejecutivo para promover la ley de empleo público parece ser el camino más adecuado para tratar el asunto de los combustibles.
Si esta administración quiere descarbonizar la economía, prescindirá de medidas impositivas (como el etanol) y se enfocará en las alternativas y las propositivas. No se trata solo de exonerar a los modelos más limpios y esperar el cambio. Es ir más allá. Es proponer acciones concretas e inmediatas.
La mejor manera de obtener resultados es con estímulos positivos. Si esta administración quiere descarbonizar, los ofrecerá para eliminar la principal fuente de contaminación: los carros con más de 20 años de antigüedad. No es cosa de obligar a nadie; es dar opciones para cambiar.
Los estímulos tienen un costo, y, si el gobierno está comprometido con el cambio, aceptará su parte en el proceso.
Lo primero es establecer las características de los vehículos que sustituirán a los antiguos. ¿Van a ser eléctricos? ¿Con qué tipo de batería? ¿De níquel cadmio, iones de litio o estado sólido? ¿Híbridos o híbridos de conectar? Si son híbridos, ¿qué tipo de combustible usarán en el motor de combustión interna: alcohol, GLP, gasolina? ¿Con qué criterio técnico se definirá? ¿Cuál va a ser el tope de precio para esos autos?
Este ejercicio no es nuevo, se ha hecho en otros países y da muy buenos resultados cuando se actúa correctamente. De lo contrario, terminará en un fiasco de proporciones mucho mayores que el recién visto, pues muchos adversarios políticos quieran beneficiarse de todo traspié.
En la modernizaron del parque automotor, un incentivo puntual es otorgar un bono (digamos $2.000) al dueño de un carro de un modelo anterior a una determinada fecha (de hace 20 años, por ejemplo) que lo entregue para ser destruido al comprar otro con las características promovidas por el Estado.
Por la buena. Hay que respetar a quienes quieren usar gasolina convencional. No es buena idea desaparecerla —como ya nos lo dejaron entrever— en unos pocos meses. Eso generará más animadversión que apoyo a la descarbonización. Cuando Estados Unidos empezó a retirar la gasolina con plomo (1973) el período de transición fue de más de cinco años, durante el cual se vendían ambos combustibles de manera simultánea.
Quien esté asesorando al gobierno en esta transición no entiende la idiosincrasia nacional. La mejor prueba de ello es que debió dar marcha atrás forzada al plan de introducir la gasolina Eco 95.
Imponer, en vez de estimular los cambios, genera aún más indisposición en sectores de la sociedad que todavía no superan la polarización sufrida en los comicios del 2018 y ven en toda acción del gobierno un plan para robar o arruinar el país. Basta con dar un vistazo a las redes sociales para darse cuenta de esto.
El autor es periodista.