El próximo 29 de noviembre, pasará el Instituto de Desarrollo Agrario (IDA) a la historia agraria del país y dará paso a una entidad denominada Instituto de Desarrollo Rural (Inder), gracias a la voluntad de muchos, entre ellos(as) los (as) señores(as) diputados(as), de la señora ministra del MAG, doña Gloria Abraham, don Luis Liberman (vicepresidente de la República), doña Laura Chinchilla y el presidente ejecutivo del IDA, don Rolando González Ulloa, el Inder será una realidad.
¿Qué es el Inder? El artículo primero de la Ley 9036 instituye (resumen): “Establecer un marco institucional para el desarrollo rural sostenible del país que permita la formulación, planificación, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas de Estado en esta materia, mediante la creación de los mecanismos de planificación, coordinación y ejecución del desarrollo rural en el país, con énfasis en los territorios de menor grado de desarrollo”.
Los actores sociales llamados a apoyar esta nueva acción son las agrupaciones socioeconómicas, empresariales, corporativas, culturales, religiosas, ecológicas, de personas de la tercera edad y de personas con discapacidad pertenecientes a los territorios rurales que participan en los procesos de desarrollo de los territorios rurales. Este concepto incluye los gobiernos locales, las instituciones públicas con presencia territorial estable y las denominadas organizaciones no gubernamentales (ONG) y a personas físicas (inciso c, artículo 3 de la Ley Inder).
El Inder para fines operativos, se desarrolla en el “territorio”, que lo conforman uno o varios cantones, o algunos de sus distritos, con características comunes desde su identidad, ecología, actividades económicas, culturales, institucionales, políticas y de las modalidades de generación de ingresos de la población habitante en ellos (Artículo 9 de la Ley Inder).
¿Y qué es “desarrollo rural territorial”? El desarrollo no es el desarrollo del territorio; se hace en el territorio y significa posibilidades efectivas de florecimiento humano de las personas y de los colectivos a partir de sus propios proyectos de vida. Implica varios alcances, entre otros: apropiados niveles de acceso y prestación de servicios de salud (esperanza de vida); educación (alfabetización y escolarización); disponibilidad de productos para generar ingresos y mejorar las oportunidades de todos los actores; evita minimizar la importancia de las formas para alcanzar los resultados, privilegiando el respeto y garantía de derechos humanos en el marco del respeto a un sistema democrático; promoción de la equidad de género y generacional; respeto por el medio ambiente y enfoques de sustentabilidad y sostenibilidad al igual que importantes niveles de gobernanza social y desarrollo de prácticas interculturales.
El reto para quienes laboramos en el IDA, pronto Inder, conlleva grandes tareas por delante: capacitarnos, aprovechando los esfuerzos que se han iniciado al externo e interno institucional; desarrollar capacidades para integrar verticalmente y articular horizontalmente la oferta a la realidad y demandas territoriales.
Para quienes forman parte de la ruralidad, habrá una amplia gama de tareas, que me permito delimitar, no como un “ABC”, sino como un llamado a la conciencia de acciones que los territorios ameritan colocar en sus agendas: buscar mejor calidad de vida integral de sus habitantes; desarrollar acciones públicas y privadas que operen en procesos integrados territorialmente, que promuevan e incorporen las necesidades regionales, que permitan el desarrollo y sostenibilidad, que detecten y analicen sus soluciones en la entrega de sus productos y servicios; articular instrumentos territoriales y sectoriales con actores (institucionales, sociales, privados) y procedimientos o normas de acción, todo en un espacio territorial (subnacional), de manera que permita: introducir la perspectiva territorial, esto es analizar los problemas desde su realidad en el espacio territorial; crear una visión compartida de los problemas, sus posibles soluciones y las estrategias para abordarlos, a partir de los actores estratégicos de un espacio territorial, sean éstos públicos, privados o sociales; fortalecer a la región como el espacio territorial de integración de planes, programas y proyectos, por tanto de concurrencia y gestión.
Tenemos la palabra, costarricenses.