En los últimos años, el concepto gobierno abierto ha cobrado relevancia en todo el mundo, incluida Costa Rica, no solo porque promueve la transparencia y la rendición de cuentas, sino también porque fomenta la participación ciudadana y la innovación en los procesos gubernamentales.
El gobierno abierto implica que las instituciones públicas sean accesibles, responsables y receptivas a las necesidades y demandas de la población. En él, la información es pública y está disponible para quien la busque, se fomenta el diálogo entre el gobierno y la sociedad civil, y se promueve la innovación en la prestación de los servicios públicos.
En nuestro país, implica un cambio hacia una gestión transparente y participativa en los asuntos públicos, el fortalecimiento de la democracia y una mejor calidad de vida a través de la relación con el gobierno.
La Open Government Partnership (OGP) es una iniciativa internacional en la cual los países se comprometen a impulsar el gobierno abierto mediante planes que detallan las acciones que las instituciones llevarán a cabo para cumplir con sus compromisos, por ejemplo, la apertura de datos públicos, la creación de plataformas de participación ciudadana y la aprobación de políticas anticorrupción.
El liderazgo político y estratégico del gobierno abierto estuvo a cargo del Ministerio de la Presidencia entre el 2014 y el 2018. Con el cambio a la administración Alvarado Quesada, lo iba a asumir el Ministerio de Comunicación. Desde una perspectiva estratégica, esto debilitó la agenda, pues no ha sido prioridad.
A pesar de este traspié, la gobernanza abierta ha estado acompañada de la academia, la sociedad civil y el sector privado, coadyuvancia que se evidencia en distintas acciones, como la redacción de planes de acción, representación formal en comisiones de Estado abierto y datos abiertos, ejecución de iniciativas y liderazgo en agendas de cada sector para favorecer la lucha contra la corrupción.
Costa Rica, sin embargo, enfrenta varios desafíos en el camino hacia un paradigma de gobierno abierto. Falta una cultura de transparencia y participación ciudadana. La gente desconoce su derecho a la información y no se involucra en la toma de decisiones.
Además, persisten retos en infraestructura y tecnología. Es necesario invertir en políticas de transformación digital y en la capacitación del funcionariado y la población para el aprovechamiento de estas herramientas.
Otro reto enorme es que, a pesar de los esfuerzos realizados, la corrupción sigue siendo un problema grave en Costa Rica, pues afecta la eficiencia y la legitimidad del gobierno.
El gobierno abierto representa un camino hacia una gestión transparente, participativa y eficaz de los asuntos públicos. Sin embargo, para aprovechar su pleno potencial es necesario superar los desafíos y construir una cultura de transparencia, participación, rendición de cuentas y colaboración en todos los niveles de la sociedad.
El autor es consultor internacional en gobernanza abierta y digital.