EscucharLa falta de políticas pesqueras sostenibles en Costa Rica ha generado consecuentemente un deterioro de las condiciones sociales, económicas y ambientales de las comunidades costeras. La población de pescadores de nuestro país se encuentra en condiciones socioeconómicas de abandono, y es necesario atender este vacío mediante el acceso a recursos pesqueros nacionales con una visión ecosistémica, en vez de una visión productiva-fordiana.
Según el decreto de ley de Territorios Costeros Comunitarios, existen alrededor de 50.000 familias que habitan en territorios costeros e islas en nuestro país. Los actores directos en el sector pesquero se estiman en alrededor de 14.800 pescadores, un 86% son hombres y un 14% son mujeres, y prevalecen relaciones de parentesco entre los pescadores. Hay un alto porcentaje de familias que viven en la pobreza, principalmente por la mala pesca, el agotamiento del recurso, la mala remuneración de los intermediarios, las bajas tasas de escolaridad, las malas condiciones laborales, la poca infraestructura, la falta de crédito y de apoyo técnico pesquero, y un mercado que favorece al sector industrial sobre el sector de pescadores artesanales, de media y de avanzada.
Cuando las naciones del mundo declararon las zonas económicas exclusivas (ZEE), entre los años 70 y 80, un tercio de los océanos del planeta pasó al control de las naciones. Por primera vez en la historia, los países empezaron a tener control sobre sus pesquerías y sus recursos. En Costa Rica, sin embargo, los barcos atuneros --de bandera extranjera-- pescan a 12 millas de la costa con la anuencia de las autoridades, lo que afecta a sectores pesqueros nacionales, así como a sectores económicos importantes como el de la pesca turística.
Las flotas industriales utilizan artes de pesca no selectivas, como redes de cerco y sustratos artificiales (FADS), muy eficientes pero ilegales en Costa Rica. Entre el 2000 y el 2007, el volumen total del producto pesquero en Costa Rica mermó en un 40%; hoy día esa merma es de un 50% o más, el volumen de descarte de pesca incidental o “chatarra” se estima en unas 15.000 TM/año; todo lo anterior como producto de políticas pesqueras extractivas donde prima el criterio de máxima captura al menor costo en el menor tiempo posible. Esta pesca incidental afecta a más de 53 especies, muchas de ellas capturadas en estados juveniles y otras que resultan de gran interés para la práctica de la pesca turística.
Las pesquerías no se dan aisladamente, sino como parte de un ecosistema marino integral, hoy día afectado por el cambio climático como una de las mayores amenazas, por lo que las perspectivas de aprovechamiento futuro son también inciertas para este sector.
La lucha contra la pobreza y la desigualdad ha permanecido estancada en Costa Rica durante varias décadas. El porcentaje de familias pobres sigue rondando el 20% de la población, y la distribución del ingreso, medida por el coeficiente de Gini, se ha deteriorado. Todos nosotros somos responsables de asegurar la sostenibilidad, la seguridad alimentaria y el desarrollo económico para las futuras generaciones. El manejo responsable de las pesquerías significa más pescado, más ganancias y más trabajo.
Si se analizan los datos, no es de extrañar que el sector productivo en más riesgo sea el de los pescadores nacionales. En el 2011, tan solo 37 embarcaciones atuneras industriales de bandera internacional pescaron en el mar territorial costarricense, 18 veces más atún que el sector de pesca artesanal costarricense, este último con, aproximadamente, 6.100 embarcaciones (barcos, botes y pangas pequeñas con 63% del total) (OSPESCA y SICA, 2009). Este sector de pesca de pequeña, mediana y avanzada escala, requiere políticas pesqueras urgentes, ya que el deterioro de sus condiciones de trabajo los ha llevado a trabajar por debajo del salario mínimo (INEC, 2005), (Estado de la Nación, 2006).
Hacemos un llamado al Gobierno para recuperar nuestra Zona Económica Exclusiva y sus recursos para propiciar el desarrollo económico de las comunidades costeras deprimidas, del sector pesquero nacional y de los sectores de pesca turística con base en un ordenamiento y en una distribución más equitativa de nuestro capital natural marino en concordancia con las prioridades del Banco Mundial, que ha caracterizado el estado de las pesquerías globales con una débil gobernanza resultante en una amplia pérdida de riqueza.
