EscucharMás de dos meses después de la victoria decisiva de los partidos prodemocracia en las elecciones generales de Polonia, el líder de la oposición, Donald Tusk, prestó juramento como primer ministro.
Inicialmente, Mateusz Morawiecki, su predecesor en el partido populista de derecha Ley y Justicia (PiS), había sido reelegido por el presidente Andrzej Duda, en deuda con el PiS, con el pretexto de formar gobierno. Como era de esperar, no logró el voto de confianza del Parlamento.
Esta táctica dilatoria —no ilegal, pero sí claramente ilegítima— es parte de una preocupante tendencia en las elecciones democráticas, en la que el partido perdedor se niega a aceptar la derrota. Ejemplos obvios incluyen los disturbios en Washington D. C., en enero del 2021, y Brasilia, en enero del 2023.
Pero existen estrategias mucho más sutiles para negar los resultados electorales. Se les persigue silenciosamente en las oficinas, en lugar de en enfrentamientos violentos con la policía. Los protagonistas no son milicianos ni hinchas violentos vestidos con los colores de la selección nacional de fútbol, sino abogados inteligentes que llevan las reglas del juego al límite, lo que los académicos llaman “legalismo autocrático”.
Estrategias políticas
La democracia representativa se basa en la creencia de que el perdedor de una elección siempre tendrá otra oportunidad de formar una mayoría y que ninguna decisión política es irreversible.
La primera es una realidad en un sistema que se adhiere a la idea de “jugar repetidamente”: ninguna elección es la última. Pero lo segundo es más exagerado, porque las políticas tienen consecuencias que nunca se pueden deshacer, incluso si el partido entrante cambia radicalmente de rumbo.
Si bien los nuevos gobiernos nunca comienzan con una pizarra en blanco, pueden hacer tres solicitudes legítimas a las administraciones salientes: no hacer nombramientos de última hora ni compromisos políticos y, sobre todo, no hacer cambios estructurales que disminuyan los poderes del cargo.
Los populistas de derecha de Polonia lograron mantener su control sobre las palancas del poder tomándose el tiempo máximo permitido por la ley para cada decisión.
Duda esperó todo lo que pudo para nombrar un primer ministro. Si bien sabía que Morawiecki no tenía mayoría en el Parlamento, Duda podía afirmar que al PiS se le debería dar la primera oportunidad de formar gobierno porque fue el partido que obtuvo la mayor cantidad de votos en las elecciones. Morawiecki, a su vez, retrasó hasta el último momento posible la presentación de su gobierno ante el Sejm (la cámara baja del Parlamento).
Acompañando estas medidas hubo una letanía de acusaciones por parte del líder del PiS, Jarosław Kaczynski, quien afirmó en varios puntos que las elecciones habían sido manipuladas y que habían sido robadas por fuerzas externas (especialmente Alemania).
Tan recientemente como esta semana, Kaczynski se quejó de que la Unión Europea buscaba reemplazar el Estado polaco con un territorio donde residen los polacos, pero que está gobernado por Bruselas o, en última instancia, Berlín.
Describió la entrega del poder no solo como un error (como diría cualquier político en una democracia), sino como una traición al país (como solo alegarían los populistas de derecha y los aspirantes a autócratas).
Otras trampas políticas
Durante el tiempo que su presidente títere le dio al PiS, el partido nombró a leales para puestos en agencias y comisiones estatales. Será prácticamente imposible destituir a estas personas, incluso si le hacen la vida extremadamente difícil a Tusk, porque sus nombramientos no fueron técnicamente ilegales.
El gobierno del PiS también invirtió dinero en fundaciones e institutos que promovían sus causas favoritas, incluida la “herencia cristiana” y el nacionalismo. Obviamente, estos lugares proporcionan sinecuras, pero también pueden ejercer una influencia a largo plazo sobre la cultura política.
Lo que es más inquietante aún, los cambios de última hora en el sistema judicial, que incluyeron la reducción del requisito de cuórum para las decisiones judiciales, garantizarán que los jueces nombrados por Duda probablemente prevalezcan en los próximos años.
Sin duda, los partidos sin tendencias autocráticas también han tendido trampas políticas a sus sucesores, aunque generalmente antes de convocar una elección que prevén perder.
En el Reino Unido, por ejemplo, los conservadores promulgaron estrictos límites de gasto antes de las elecciones generales de 1997, que la oposición ganó por abrumadora mayoría.
El gobierno laborista entrante, temeroso de parecer fiscalmente imprudente, se apegó a ellos. (Los conservadores admitieron más tarde que no habrían hecho lo mismo).
Esto resultó en una financiación insuficiente —completamente innecesaria— de los servicios públicos británicos. Los laboristas, a su vez, aumentaron los impuestos y aprobaron legislación progresista justo antes de que los conservadores regresaran al poder en el 2010.
Qué hacer contra las manipulaciones estructurales
A pesar de ser injustas, estas trampas políticas pueden detectarse y, en teoría, eliminarse. Mucho más desafiantes son las situaciones en las que los cambios estructurales incapacitan a los ganadores de las elecciones.
Cuando los partidos de oposición ganaron las elecciones a la alcaldía en Estambul y Budapest, los gobiernos nacionales liderados por populistas de derecha simplemente recortaron los medios financieros y las competencias de las ciudades.
En Carolina del Norte, un gobernador republicano saliente, con la ayuda de la legislatura estatal, despojó a su sucesor demócrata de importantes poderes ejecutivos.
¿Qué se puede hacer para detener a los autócratas legalistas? Para empezar, las nuevas reglas podrían dificultar la aprobación de citas de último momento. Por supuesto, como ocurre con tantas medidas para salvaguardar la democracia, el problema es que las reglas presuponen lo que deben garantizar.
En el 2016, los republicanos del Senado de Estados Unidos argumentaron que un presidente ya no debería nominar jueces para la Corte Suprema en un año electoral, solo para dar un giro radical cuando tuvieron la oportunidad de instalar a su propio candidato justo antes de las elecciones del 2020.
Los gobiernos salientes —que en realidad son administraciones provisionales— deberían estar obligados a brindar oportunidades adicionales para debatir la legislación.
Esto frenaría todo cambio y proporcionaría la publicidad que tanto se necesita, aunque, como hemos aprendido por las malas en los últimos años, la transparencia por sí sola no bastará: los aspirantes a autócratas, especialmente los que siguen estrategias legalistas, simplemente se están volviendo demasiado descarados.
Pero no podemos avergonzarnos en absoluto, a menos que sepamos lo que está haciendo un gobierno saliente. Los partidos de la oposición e incluso la sociedad civil pueden, cuando menos, hacer frente a los perdedores que pretenden ser ganadores. Después de todo, tienen a la mayoría de su lado.
Jan-Werner Mueller, profesor de Política en la Universidad de Princeton, es autor, más recientemente, de “Democracy Rules”.
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