EscucharLlama poderosamente la atención la prevalencia de la corrupción institucionalizada y normalizada que azota a ciertos municipios. Además de los investigados en el caso Diamante, por la supuesta negociación de sumas astronómicas, ¿cuál será la situación de las alcaldías que no son “diamantes”, que cuentan con presupuestos más modestos?
¿Se estarán ocultando del radar, esperan pasar inadvertidas o las cifras no son significativas para las autoridades judiciales, abrumadas con la complejidad de los sucesos más sonados?
Afortunadamente, hay excepciones, pero, lastimosamente, algunas municipalidades son vulnerables a caer en compadrazgos, prebendas y otros actos de corrupción que demuestran que la función pública local es una plataforma para hacer negocios personales. Lo peor de todo es que la misma población los mantiene en el poder durante años.
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Es una gran contradicción que las comunidades deban defenderse de los abusos de ciertos gobiernos municipales, los cuales emprenden obras caras y defectuosas, y apoyan a vecinos inescrupulosos que incumplen el debido proceso y no pagan impuestos.
Es inaudita la inversión de millones de colones en obras que no cuentan con estudios de uso de suelo, ni con planos, ni viabilidad de entidades como el Colegio de Ingenieros y Arquitectos, y además causan daños ambientales irreversibles. Aun así las obras se reciben y usan con resignación y hasta con agradecimiento, sin sentar responsabilidades.
Es inconcebible que los recursos municipales se utilicen con fines políticos y las mejoras en la infraestructura se ejecuten principalmente en tiempos electorales en beneficio de quienes apoyan a la administración de turno. Sin mencionar la violación del orden legal para privilegiar a ciertos vecinos que no siguen la ley (por amiguismos o dádivas), mientras el resto no recibe ni siquiera una alcantarilla para prevenir inundaciones en viviendas humildes. Para esas comunidades, siempre existirán excusas y problemas presupuestarios, así como el silencio impune.
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Las comunidades deben defenderse de los abusos de las alcaldías inescrupulosas, pues el papel de los gobiernos municipales se ha invertido, ya que en vez de trabajar para la gente, el servicio municipal se convierte en un modus vivendi y en monopolio de unos cuantos “afortunados” que han perdido su integridad.
No debemos insensibilizarnos ante estas situaciones, sino, más bien, mantener nuestro asombro y nuestra capacidad de escandalizarnos, denunciar y actuar en contra de la falta de ética y la corrupción. Nuestro rol ciudadano debe ser vigilante y participativo. Esa es la esencia de la democracia.
El autor es catedrático de la Universidad de Costa Rica.
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El alcalde de Corredores Carlos Viales Fallas fue detenido por la construcción de un puente en una finca del presunto narcotraficante Darwin González. Aparte, seis alcaldes son investigados en el denominado caso Diamante.
