La clase media, desde el punto de vista sociopolítico, representa una serie de paradojas; es de difícil definición, pero su ausencia es fácilmente perceptible en cualquier medio social. Desde el punto de vista económico, supone un núcleo que propicia una dinámica económica esencial para su propia existencia. En el aspecto político, representa un ideal: a más clase media, más democracia, por cuanto supone una mayor distribución de la riqueza social. Consecuentemente, en las democracias modernas, el fortalecimiento y crecimiento de este sector supone un objetivo necesario.
Costa Rica, a lo largo de la segunda mitad del siglo XX, marcó la diferencia en el contexto latinoamericano a partir de la evidencia de un incremento significativo en sus sectores medios. Importantes esfuerzos de política social en educación y salud contribuyeron,entre otros aspectos, a este aumento, dentro de un marco económico creciente.
Por esfuerzo propio o con el apoyo del Sistema Financiero Nacional e instrumentos como los generados (por ejemplo, el Sistema de Ahorro y Crédito del INVU), miles de familias pudieron tener una solución habitacional. Paralelamente, la dinámica creciente del sector de la construcción se constituyó en una fuente de empleo y, en sí mismo, en una importante generación de sectores medios.
El Sistema Financiero Nacional para la Vivienda (SFNV) supone una vía para la dotación de vivienda a los sectores de escasos recursos, incluidos algunos sectores medios. A lo largo de la existencia del SFNV, se tomaron varias medidas para tratar de extender el acceso a estos sectores medios. Uno de los más significativos fue ampliar la definición de vivienda social para cubrir con sus exenciones y exoneraciones a viviendas de familias en esos estratos. No obstante, es importante reconocer que, al no estar centrada la política pública en esos segmentos, se generó un rezago en el desarrollo de programas para atender la demanda acumulada y generar respuestas por parte de desarrolladores y entidades autorizadas en el mercado inmobiliario.
La administración Chinchilla Miranda asignó al Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos (Mivah) la prioridad de crear un conjunto de instrumentos financieros que diversificaran las opciones de acceso de vivienda. Hay que reconocer en este esfuerzo la participación de don Luis Liberman, segundo vicepresidente de la República, y el apoyo de diversas fracciones legislativas.
Bono diferido. Con el apoyo de las entidades autorizadas, se desarrolló un concepto que fuera aplicable mensualmente a las cuotas que debe pagar una familia. Hay tres aspectos de impacto evidente: se mejora la capacidad de acceso al crédito, se reduce el impacto inicial de la cuota sobre la economía familiar y se abren nuevos nichos de mercado para el sector de la construcción.
Operaciones garantizadas. Esta herramienta permite a las familias de clase media que no poseen la prima completa para pagar un crédito de vivienda, contar con la garantía del Banhvi y el Estado sobre las operaciones de financiamiento habitacional que aprueben las entidades autorizadas del SFNV.
Bono para segunda vivienda. Se buscó propiciar el desarrollo de una segunda vivienda en el mismo lote, sea como segundo piso o aprovechando el terreno disponible, si ello calza dentro de las disposiciones de los planes reguladores o normativa urbana. Articulado con programas de mejoramiento barrial y reparación de viviendas, podría constituirse en una importante vía de renovación urbana.
Fideicomisos del INVU. El desarrollo de proyectos habitacionales en terrenos, propiedad del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU), será posible mediante fideicomisos a empresas privadas que gestionen la construcción de las iniciativas para la clase media. El proyecto faculta al INVU para suscribir convenios o contratos con entidades financieras supervisadas por la Sugef. Nunca en la historia del sector de la vivienda y asentamientos humanos se ha producido tal cantidad de normativa para estimular el acceso de los sectores medios con apoyo de los diferentes actores del sistema y de todas las fracciones legislativas. Sin embargo, tenemos retos como los siguientes:
Primero. La sostenibilidad financiera del SFNV debe ser analizada y discutida con objetividad. Es fundamental iniciar una discusión nacional sobre mecanismos diversos de recuperación del bono.
Segundo. Es necesario avanzar también en el desarrollo de otros instrumentos como la titularización de hipotecas y del leasing habitacional, esfuerzos que ya están en camino y en los que hemos acompañado a las entidades autorizadas y cámaras gremiales proponentes.
Tercero. Se debe mantener y mejorar la posición del Banhvi, generando políticas de inversión financiera y de riesgo que maximicen los rendimientos para el Banco como la administración efectiva del portafolio de inversión de sus recursos y la toma de decisiones con base en una administración de riesgos.
Cuarto. Hay que reforzar el papel de la institución como instancia de capacitación y canalización de recursos, en los ámbitos nacional e internacional, para el financiamiento de proyectos de vivienda a plazos más largos y en condiciones más favorables.