La justicia le llega a una fiscala

Solo sabía que la carta de remisión de la denuncia al Ministerio Público también admitía la prescripción y reconocía la imposibilidad de acreditar un fraude por falta de pruebas, imposibilidad de localizar al denunciante anónimo para pedirle más detalles y obstáculos legales para exigir información a los acusados sobre períodos ya prescritos. Aun así, la fiscala hizo la única gestión a su alcance para tratar de hallar algún indicio de anomalía. Pidió a Panamá asistencia penal internacional y las autoridades de ese país dijeron estar imposibilitadas de prestarla porque los supuestos delitos investigados en Costa Rica no estaban tipificados allá en su momento.

Entonces, la fiscala llegó a la misma conclusión consignada en el documento de la Dirección de Fiscalización, mantenido en secreto hasta su revelación esta semana. Pidió la desestimación del caso cuyo envío al archivo había sido solicitado por el análisis hacendario meses antes, sin que ella pudiera saberlo porque el Ministerio no remitió ese estudio a la Fiscalía junto con la denuncia anónima.

La solicitud de desestimación trascendió después de la conferencia de prensa celebrada con gran despliegue por el ministro de Hacienda, Nogui Acosta, y el director de Tributación, Mario Ramos, el 19 de enero, para anunciar el “megacaso”. El descrédito de la “denuncia pública” fue inmediato cuando se supo de la desestimación solicitada un par de semanas antes. El papelón de los altos funcionarios convirtió a la fiscala en blanco de un feroz ataque.

En una conferencia de prensa, el presidente, Rodrigo Chaves, aseguró que fue subalterna de Leonel Baruch cuando fungió como ministro de Hacienda y cuestionó la solicitud del desistimiento el 2 de enero, cuando el Poder Judicial estaba cerrado por las vacaciones de fin y principio de año. Las dos aseveraciones pronto quedaron desacreditadas.

González trabajó en la Dirección Jurídica de Hacienda durante un año cuando Baruch era ministro, pero su cargo no tenía el nivel para ponerla en contacto con el jerarca y ni siquiera llegó a conocerlo. Por otra parte, la fiscala laboró el 2 de enero, según el plan de descansos anunciado por la Fiscalía Adjunta de Delitos Económicos y Tributarios el 6 de diciembre del 2022. Un fiscal de esa oficina trabajó del 26 al 30 de diciembre, y ella se hizo cargo del turno del 2 al 6 de enero. En la agenda de esos días estaba redactar y plantear los requerimientos conclusivos de casos listos para resolución, entre ellos, el de Baruch, poco grato al gobierno por su vínculo con el periódico digital CRHoy.

En medio de los ataques, la fiscala fue injustamente sometida a una investigación del Tribunal de la Inspección Judicial, cuyos integrantes tardaron poco para constatar la obvia corrección de sus actuaciones, el 30 de marzo, también sin saber del estudio oculto de la Dirección de Fiscalización donde se solicitaba archivar el caso, que ahora resulta razón de más para acreditar la correcta actuación de la fiscala.

Más sorprendente que la investigación fue la decisión del fiscal general, Carlo Díaz, de apartar a González de la tramitación del expediente por “prudencia”, según dijo. Ella había planteado su deseo de inhibirse para disipar toda duda, pero Díaz le rechazó esa iniciativa e insistió en ordenar personalmente su separación. El 1.° de febrero, poco después de los ataques del presidente, se lo anunció al país como decisión propia.

A la luz de los acontecimientos, parece claro que lo prudente habría sido rechazar la solicitud de inhibitoria para mantener a la fiscala al frente de un caso que tramitó con toda diligencia y apego al compromiso del Ministerio Público de mantenerse fiel al deber de objetividad impuesto por el ordenamiento jurídico democrático.