Editorial: Venezuela intensifica la represión

El jueves de esta semana, el régimen dio un golpe definitivo a esas expectativas. Tras sobradas muestras de un recrudecimiento represivo contra varios dirigentes de la sociedad civil y la ratificación del impedimento electoral impuesto a la candidata opositora María Corina Machado, el canciller Yván Gil otorgó 72 horas a los 13 funcionarios integrantes de la delegación del Alto Comisionado en Venezuela para que abandonaran el país.

Su justificación siguió un guion discursivo utilizado con frecuencia contra otras instancias, pero nunca aplicado a una de la ONU. Tras decir que la Oficina había sido “utilizada e instrumentalizada como una caja de resonancia a nivel internacional para mantener un discurso en contra del gobierno bolivariano”, la acusó de “convertirse en el bufete particular de los grupos golpistas y terroristas que constantemente confabulan contra el país”, y exigió que sus integrantes “rectifiquen públicamente ante la comunidad internacional su actitud colonialista, abusiva y violatoria de la Carta de las Naciones Unidas”.

En síntesis: sus miembros solo podrán regresar si se comprometen a no hacer su trabajo, que consiste, precisamente, en recibir denuncias, investigar y reportar sobre violaciones de los derechos humanos, como han hecho con objetividad y valentía. Renunciar a ello sería, ni más ni menos, que abandonar la misión que les fue encomendada y convertirse en títeres del régimen. De hecho, durante los últimos años, el Alto Comisionado ha emitido una serie de informes que revelan los mecanismos y acciones arbitrarias de Maduro y sus nefastos órganos de seguridad y control interno. Entre los hechos denunciados están detenciones injustificadas, desapariciones y torturas.

La acción represiva más notoria de los últimos días fue la detención e incomunicación de la abogada y activista de derechos humanos Rocío San Miguel, hace poco más de una semana. Seis días después de su arresto en el aeropuerto de Maiquetía, fue presentada a una audiencia judicial sin contar con apoyo legal independiente, y se le acusó de “traición a la patria, conspiración, asociación para delinquir y terrorismo”, sin ofrecer evidencia alguna. Tras esa audiencia, fue trasladada a El Helicoide, temida cárcel de los servicios de inteligencia del régimen, donde son comunes las torturas y vejaciones.

También fue apresado e incomunicado el militar retirado Alejandro González de Canales, expareja de San Miguel, a quien se le atribuyen los mismos delitos. A ambos se suman, entre otros, el activista Carlos Salazar Lárez, por grabar a distancia hace pocos días al empresario Alex Saab, cómplice de Maduro, mientras realizaba compras en la isla de Margarita; el dirigente magisterial Víctor Venegas, que organizaba protestas en la ciudad de Barinas en pro de mejoras salariales, acusado de terrorismo; y el estudiante John Álvarez, quien denunció haber sido torturado durante sus interrogatorios.

Además, a finales de enero, la Fiscalía anunció la detención de 32 “civiles y militares”, a los que acusa de organizar una “conspiración” para derrocar o asesinar a Maduro, otra coartada sin sustento alguno.

Que todos estos hechos se den luego del acuerdo suscrito por el gobierno y la oposición en Barbados, en octubre pasado, con compromisos de una mejora en el clima político y la convocatoria electoral, demuestra cuán falsa ha sido la actitud del régimen. Ante la certeza de que en unos comicios libres perdería estrepitosamente, Maduro no solo se ha dedicado a bloquear candidaturas y dividir a la oposición, sino también a incrementar la represión como no se veía desde hacía meses.

Queda demostrado que su único interés, como dijimos en el editorial del pasado domingo, es mantenerse en el poder “por las malas”. Esta semana lo dejó aún más claro.