EscucharJoaquín Hernández, diputado del Partido Liberación Nacional (PLN), defendió la necesidad de una reforma del Estado con vistas a afrontar los retos planteados por la deuda pública: “Desde que se cometió el error de financiar gasto corriente con endeudamiento, el país va para atrás”.
Un presupuesto como el del 2021, del cual el 41% se destinó a atender intereses y amortizaciones es sumamente preocupante, afirmó el legislador.
Después del gasto corriente, poco queda para inversiones, añadió. “Y lo peor es que tenemos que salir a buscar plata para financiar el presupuesto del próximo año. Pedimos plata para pagar deuda. Entonces, ¿cuál es el futuro de Costa Rica?”, preguntó antes de sugerir la ruptura del círculo vicioso mediante una reforma del Estado.
Según los cálculos base del convenio suscrito con el Fondo Monetario Internacional (FMI), la espiral ascendente de la deuda pública alcanzaría un punto de inflexión en el 2023 (el 67,5% del producto interno bruto) y comenzaría a descender gradualmente a partir de entonces. La premisa de las estimaciones es un fiel cumplimiento de los compromisos adquiridos, especialmente el control del gasto.
No obstante, hay fuertes presiones sobre ese gasto. Marta Acosta, contralora general de la República, recordó a los diputados de la Comisión Legislativa de Asuntos Hacendarios el incumplimiento de la regla fiscal en 21 de las 104 instituciones analizadas durante la liquidación del presupuesto del 2021. Sobre otras 25 no hay certeza, porque la Contraloría no obtuvo la información necesaria. Solo 58 respetaron la norma sin lugar a dudas.
La regla fiscal adoptada mediante la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas no habría sido necesaria si el error señalado por el diputado Hernández no se hubiera cometido.
Para evitarlo, habría bastado con aplicar la primigenia regla fiscal contenida en la Constitución Política, donde se prohíbe financiar el gasto ordinario con recursos extraordinarios. La norma fue relegada durante años, y así aumentó la deuda.
Esa trayectoria histórica demuestra, según la contralora, la necesidad de cuidar cada colón. Como no hemos sido eficientes, el país se endeuda para financiar las ineficiencias, no los necesarios gastos operativos e inversiones, afirmó Acosta.
La consecuencia es el “estrujamiento” del presupuesto para gastos relacionados con la calidad de vida de los ciudadanos. Por eso, insistió en la necesidad de “seguir tomando medidas que nos conduzcan y mantengan en la senda de la sostenibilidad”.
Entre las medidas urgentes está la reforma del Estado citada por Hernández en la misma comparecencia donde Acosta formuló sus advertencias. Quedan dos caminos, aseguró el legislador, “seguir haciendo lo mismo o reformar la estructura del Estado”. Ese, aseguró, es el reto más importante para la Asamblea Legislativa.
El 2021 fue un año de recuperación y mejora en algunos indicadores macroeconómicos, gracias al mayor dinamismo de la economía y a la reforma fiscal, pero la deuda creció al paso de la economía y las difíciles circunstancias anunciadas para el futuro inmediato hacen temer por la relación entre el endeudamiento y el producto interno bruto.
La contención del gasto es indispensable para evitar una desviación excesiva; sin embargo, el llamado de Hernández a un ajuste más permanente debe ser atendido. A falta de una reforma, las finanzas públicas corren el riesgo de pasar de un sobresalto a otro, como ha venido ocurriendo.
El cambio debe orientarse por los objetivos de eficiencia expuestos por la contralora. El Poder Ejecutivo también ha manifestado intenciones de impulsar reformas estructurales, como lo han hecho otros partidos representados en el Congreso.
Conviene explorar la conjunción de voluntades para avanzar hacia un objetivo presente en la agenda nacional desde hace décadas. Quizá su momento llegó de la mano de las dificultades contemporáneas.
