Editorial: Privilegios sin fin

En el caso de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) se sabe de la imposibilidad de incorporar al nuevo acuerdo el pago de 20 años de cesantía a quienes se jubilen porque la Sala IV estableció, en junio del 2018, un tope de 12 años, una tercera parte superior al de la inmensa mayoría de los trabajadores y, aun así, significativamente menor al estipulado en la convención colectiva.

La convención y el privilegio fueron denunciados el 27 de julio del 2017 y once meses más tarde los magistrados señalaron la inconstitucionalidad del beneficio, pero, hasta la fecha, se sigue pagando. La comisión negociadora con representantes de la empresa y del Sindicato Industrial de Trabajadores Eléctricos y de Telecomunicaciones (Sitet) apenas fue integrada en agosto del 2022, cinco años después de la denuncia. Muchos millones de colones y varias publicaciones periodísticas más tarde, el nuevo acuerdo llegó, en marzo, al Ministerio de Trabajo para ser homologado.

Mientras ese despacho se pronuncia, sigue vigente el texto firmado en el 2014, con costosos beneficios ya rechazados por la Sala Constitucional que el Ministerio no podría aceptar, además, por las disposiciones de la nueva Ley Marco de Empleo Público. Según el texto, el Ministerio está obligado a velar por la compatibilidad entre el nuevo convenio, la ley, la jurisprudencia de la Sala IV y el correcto uso de los fondos públicos.

No obstante, nadie responderá por el río de millones gastado en privilegios ilícitos a lo largo de seis o siete años. Los abusos de las convenciones colectivas subsisten por las mismas razones de su creación. Funcionarios sindicalizados de instituciones estatales ejercen presión sobre otros funcionarios de las mismas entidades, pero con poder de decisión, para obtener beneficios que, de una u otra forma, favorecen a todos.

Los beneficios subsisten mucho después del cambio de administración y hasta hace poco la regla era siempre negociar para ampliarlos. En la Municipalidad de Cañas rige el acuerdo firmado en marzo del 2016 y denunciado el 25 de abril del 2018. La actual administración se abstuvo de explicar las razones del largo proceso de negociación cuando periodistas de La Nación preguntaron al respecto.

Entre las 14 entidades todavía apegadas a viejas convenciones están el Sistema Nacional de Radio y Televisión (Sinart), el Instituto Nacional de Fomento Cooperativo (Infocoop), la Junta de Protección Social (JPS), el Registro Nacional, el Banco Popular y varias municipalidades.

Según la Dirección de Asuntos Laborales del Ministerio de Trabajo, la renegociación no puede extenderse sin límite de tiempo, pero eso se sabe desde el 2014, cuando la Procuraduría General de la República se pronunció sin ambigüedades. “El convenio denunciado está circunscrito al lapsus temporal que comprende el período necesario para negociar un nuevo convenio colectivo (...). Admitir lo contrario —ultraactividad sin límite temporal— podría conducir a un fraude de ley, en el tanto se estarían perpetuando convenios colectivos que, por regla general, debieron perder vigencia al ser oportunamente denunciados”, afirmó.

La subsistencia de los privilegios frente a tantas sentencias, leyes y pronunciamientos es testimonio vivo de las razones para permanecer vigilantes ante todo intento de resurrección. Quien lo descarte como imposible haría bien en recordar su demostrada capacidad de supervivencia.