Editorial: Opacidad extrema

Pero la administración, desde el primer día, ha ido mucho más allá de incumplir ese ofrecimiento. A solo diez meses de ejercicio del poder, la transparencia es uno de los valores más degradados en todos los niveles del gobierno, como lo demuestra la cascada de condenas por violación del libre acceso a la información y la libertad de expresión.

Las sesiones del Consejo de Gobierno no son públicas, pero ahora las actas tampoco dicen nada. Son una simple enumeración de temas tratados. En las instituciones autónomas, ni siquiera hay acceso a las actas. El Instituto Nacional de Seguros (INS) declara secretas las discusiones de interés público con la alarmante justificación de evitar la generación de “bulla”, como ocurrió con la decisión de aumentar salarios en la institución. Lo sabemos porque la Sala Constitucional ordenó entregar las actas luego de un intenso pulso del INS con la prensa para guardar el secreto.

En la Junta de Administración Portuaria de la Vertiente Atlántica (Japdeva) niegan la información porque una disposición de su reglamento interno parece autorizar el secretismo, no importa la garantía constitucional de libre acceso a los datos y documentos, para no mencionar las disposiciones legales.

En menos de un año, el número de atropellos resiste toda comparación con gobiernos anteriores. Casi ninguno se ha salvado de condenas por retener ilegalmente información, pero pocos han sufrido tantas. Si la oferta de transparencia llegó al exceso durante la campaña, el ejercicio gubernamental ni siquiera ha respetado los mínimos.

Ahora, del incumplimiento, la administración pasó a la burla, no solo del derecho de todos a obtener información de interés público, sino también de la autoridad de la Sala Constitucional y la investidura de un diputado. Ariel Robles, legislador del Frente Amplio (FA), pidió información sobre la pauta publicitaria del gobierno y, como es costumbre, no la recibió. El diputado planteó un recurso de amparo y, como era de esperar, lo ganó por unanimidad de los magistrados. Hasta ahí, nada se apartaba de la desafortunada rutina de opacidad de la administración.

Lo insólito ocurrió cuando el gobierno dio cumplimiento a la orden de los altos jueces. La Casa Presidencial entregó a Robles información incompleta e ilegible. La pauta publicitaria puede utilizarse para premiar a medios complacientes y castigar las publicaciones críticas, como ha sucedido en nuestro país y podría estar sucediendo. Por eso, la petición del diputado va más allá de la supervisión del gasto y toca la protección de los derechos fundamentales. Por eso, también, preocupa la clara voluntad del Ejecutivo de evitar la publicación de datos públicos.

El diputado anuncia nuevas gestiones ante la Sala IV, pero la Asamblea Legislativa debería interesarse en el caso. El menoscabo del derecho y la investidura de un legislador recae sobre todos los demás. El Congreso también debe poner atención a la inversión estatal en publicidad, especialmente ahora que al Sistema Nacional de Radio y Televisión (Sinart) se le encarga “democratizar” la pauta y “optimizar el uso de los recursos públicos que se dedican a la comunicación del Estado”.