Limón es socio de la nueva terminal portuaria de Moín. Aparte de patente municipal ($1,2 millones al año), la concesionaria APM Terminals entregará a la Junta Administrativa y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva) el 7,5 % de los ingresos brutos. Se trata de unos ¢12.000 millones anuales cuando el puerto se abra al transporte internacional, y la suma irá creciendo. Según los cálculos, Japdeva recibirá unos $1.000 millones a lo largo de los 30 años de la concesión.
Tanto dinero podría tener un impacto extraordinario en la provincia, pero no hay planes de inversión y sí fundados temores de que, en manos de Japdeva, los recursos se utilicen para sostener privilegios consagrados en las convenciones colectivas o se empleen para disimular las ineficiencias de la entidad y del puerto operado por ella.
Los exdiputados Ottón Solís, del Partido Acción Ciudadana, y Danny Hayling, de Liberación Nacional, hicieron la advertencia a mediados del 2016 y exigieron la inversión del dinero en obras de desarrollo, pero los dos años transcurridos desde entonces no bastaron para asegurar la planificación deseada.
Nada se ha hecho desde agosto del 2011, cuando el Estado formalizó la concesión. La administración de Luis Guillermo Solís, llena de promesas para Limón, nada avanzó en la planificación de inversiones aunque llegó al poder, en el 2014, con la ruta despejada para sacar el proyecto portuario adelante.
Ahora, la concesionaria está a punto de girar el primer cheque, una modesta contribución de $26.000 producto de las limitadísimas operaciones ejecutadas a la fecha. Los siguientes pagos no se harán esperar, pero André Garnier, ministro de coordinación con el sector privado, advirtió en la Asamblea Legislativa la inexistencia de planes y el inevitable atraso de las inversiones.
Los temores de los exdiputados Solís y Hayling siguen vigentes y todo invita a cuestionarse si es por casualidad. Cuando el megapuerto reste a Japdeva la movilización de contenedores, la entidad se verá en apuros para mantener los privilegios concedidos a sus empleados. Urge aclarar el destino del dinero proveniente del puerto para asegurar su inversión en beneficio de la comunidad, no de una diminuta minoría.
La formulación de proyectos concretos también urge porque existe la posibilidad de ejecutar obras con financiamiento basado en los flujos de capital esperados, dada la estabilidad de los ingresos. Una planificación adecuada podría dotar a la zona de infraestructura por un valor muy superior a los ingresos iniciales.
El inventario de necesidades es bien conocido en una provincia tantas veces olvidada. El fallido programa Limón Ciudad Puerto incorporaba varias de ellas, como la necesidad de habilitar espacios públicos, remozar edificios históricos, prevenir inundaciones y mejorar el alcantarillado, entre otras obras. Más allá de la capital provincial abundan las oportunidades de mejora.
El aprovechamiento de los cuantiosos recursos del megapuerto depende de la buena selección de prioridades, una cuidadosa planificación financiera y, sobre todo, transparencia en la ejecución de las obras. La provincia y su principal centro urbano deben sumar el impulso de esos capitales al dinamismo surgido de la operación de la nueva terminal para satisfacer los justos anhelos de la población. El tiempo transcurrido sin preocupación por concretar los planes necesarios es una lástima. El gobierno debe enmendar con sentido de urgencia y responsabilidad.
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