Editorial: La biodiversidad celebra con cautela

Su contenido implica un gran avance en los compromisos para proteger la biodiversidad mundial del enorme deterioro que sufre y de los desafíos que enfrenta. A la vez, impone a los casi 200 países y territorios signatarios la gran responsabilidad de asumir plenamente y ejecutar sin dilación sus 23 metas, pese a que ninguna de ellas es legalmente vinculante. Esto constituye una debilidad en medio del avance, pero en parte puede compensarse con la decisión de establecer un marco para monitorear su cumplimiento y evaluar su progreso regularmente.

Por lo anterior, podemos decir que el resultado neto es muy positivo y merece celebración, pero con cautela. Ahora sigue un esfuerzo en el que las responsabilidades de los países, compartidas pero diferenciadas según sus condiciones naturales, sociales y de desarrollo, deben asumirse plenamente. Esto, por supuesto, toca al nuestro, líder en biodiversidad pero tiene aún mucho camino por recorrer en la materia.

Entre las 23 metas, la número 3 recibió, con razón, la mayor atención, y se ha convertido casi en el gran distintivo de la COP15. Se trata del compromiso de tener bajo algún régimen de protección eficaz el 30% de la tierra y los océanos de aquí al 2030. En el presente, apenas se alcanza el 17% de la primera y el 10% de los segundos. Ese objetivo revela lo mucho que hemos avanzado como humanidad en la conciencia sobre la necesidad de proteger la biodiversidad; a la vez, constituye un triunfo diplomático para nuestro país. En enero del pasado año, Costa Rica, Francia y el Reino Unido lanzaron la Coalición de Alta Ambición por la Naturaleza y las Personas, que copresiden y actualmente integran más de 100 países. Su razón de ser, precisamente, fue promover la protección 30x30, que al fin recibió carta de ciudadanía universal.

Este éxito, por supuesto, va acompañado de una enorme responsabilidad para nosotros. Ya casi logramos la meta del 30% terrestre, y la marítima fue superada desde que, en diciembre del 2021, un decreto amplió las zonas protegidas del Parque Nacional Isla del Coco y el Área Marina de Manejo del Bicentenario. Sin embargo, los recursos para la protección en tierra vienen reduciéndose, y para los mares prácticamente no existen. Por esto, equiparar la dimensión declarativa con la real es una tarea urgente.

Las oportunidades de obtener financiamiento para lograrlo fueron recargadas en esta cumbre. Aunque, de nuevo, sin fuerza vinculante, se decidió destinar a iniciativas de conservación $200.000 millones anuales, provenientes tanto de fuentes públicas como privadas, bilaterales y multinacionales, y mediante créditos, inversiones y donaciones. Además, se estableció una meta de $30.000 millones de cooperación voluntaria de los países ricos a los pobres. Si hacemos las cosas bien, el apoyo financiero internacional del que ya gozamos podrá acrecentarse.

Otro acuerdo importante fue reducir drásticamente los subsidios a actividades que amenazan la biodiversidad, como la pesca indiscriminada y la agricultura extensiva en detrimento de cobertura boscosa, a menudo estimuladas por políticas fiscales mal dirigidas. A ellas se añaden como fuentes de degradación —la mayor parte vinculadas a actividades humanas— la deforestación, la minería, la cacería, la polución, el cambio climático y las especies invasivas. Por este motivo, no se trata solo de ampliar hasta el 30% como mínimo las áreas de protección, sino también de manejar responsablemente el resto de los territorios, algo que pasa, por ejemplo, mediante el uso responsable de los pesticidas, a lo que se refiere otra de las metas.

En el fondo, el objetivo es reconciliar a los seres humanos con la naturaleza, que, entre otras cosas, es fuente de alimentación, salud, control climático y combustibles. Esto depende de buenas políticas, regulaciones adecuadas, financiamiento oportuno y cambios en los modos de producción y consumo. La labor es enorme. En Montreal se dio un significativo paso hacia delante, pero el camino está plagado de retos.