EscucharPara reducir la mora judicial en todas las jurisdicciones, la Corte Suprema de Justicia ha promovido reformas procesales orientadas a adoptar la oralidad y simplificar los juicios. Especial preocupación causan los atrasos en el ámbito penal, donde el transcurso del tiempo es aliado de la impunidad. La prueba se deteriora, los testigos desaparecen y las prescripciones transcurren hasta desembocar en sobreseimientos.
Todavía hay reformas en camino y la próxima Asamblea Legislativa debe colaborar con el Poder Judicial para darles la celeridad del caso. La mora judicial debilita la institucionalidad porque afecta uno de los pilares de la sociedad democrática y defrauda las más altas expectativas de la ciudadanía. La promesa de justicia pronta y cumplida es de las más trascendentales de cuantas pueda formular el Estado de derecho.
Pero fuera de la acción legislativa, hay medidas de orden interno capaces de contribuir significativamente a lograr los objetivos de mejora. El presidente de la Corte, Carlos Chinchilla, integró una comisión para estudiar, justamente, esas medidas. El propósito del grupo de trabajo, integrado el año pasado, es detectar los cuellos de botella y proponer soluciones.
El estudio incluyó la visita a 78 sedes judiciales y detectó atrasos atribuibles a la diversidad de procedimientos aplicados en los despachos, sin norma común o esfuerzo de estandarización. Una institución del tamaño del Poder Judicial, con operaciones en todo el país, no puede funcionar de esa manera.
Un insuperable ejemplo de las oportunidades de mejora es la celebración de juicios ante estrados con tres jueces cuando la ley permite hacerlos en juzgados unipersonales. Precisamente por razones de economía y eficiencia, la ley faculta a un solo juez para conocer procesos cuyo resultado, si hay condena, no supere los cinco años de prisión. La apertura de la Ley Orgánica del Poder Judicial al manejo más eficiente del recurso humano se ha estado desaprovechando en la práctica. El ejemplo apunta a la necesidad de explorar la existencia de situaciones similares.
En Pavas, uno de los juzgados más atribulados, con 801 expedientes acumulados el año pasado, se habilitó un horario vespertino para los debates y hoy el juzgado funciona hasta las 10 p. m. Ya las causas en espera de señalamiento de fecha para juicio son apenas 336, casi un 60 % menos. La Corte reforzó el despacho con dos jueces, pero transformó un módulo de tres jueces en igual número de secciones unipersonales para aprovechar mejor el calificadísimo recurso humano.
El estudio también permitió detectar dónde era necesario atender los rezagos más urgentes, para lo cual contrataron a 43 jueces. Además, señaló la necesidad de adoptar una agenda electrónica para conciliar horarios y evitar la suspensión de juicios por ausencia de algún protagonista.
LEA MÁS: Con horarios nocturnos Tribunal de Pavas baja en un 60% rezago judicial
El esfuerzo de la Corte es encomiable. La introspección es siempre un buen punto de partida. Por eso elogiamos el ejercicio del Poder Judicial con el Programa Estado de la Nación para producir, el año pasado, el Segundo Informe Estado de la Justicia en Costa Rica. Por la independencia y alta calidad de los investigadores, los resultados no podían ser complacientes o cómodos. En eso, precisamente, estriba su valor para la Corte.
La voluntad de someterse a examen independiente y aceptar sus conclusiones apunta a un indispensable ánimo de transparencia y acredita las intenciones de mejora. Si a eso se suma un impulso sincero al arranque reformista proclamado durante la polémica por los escándalos que conmovieron al país y al Poder Judicial a finales del 2017, la Corte habrá demostrado lo mucho que es posible hacer con base en el autoexamen.
