EscucharUna decena de alumnos del Colegio Técnico Profesional de Pital de San Carlos decidieron cerrar el colegio e impedir el acceso a unos 1.340 compañeros, así como a profesores y administrativos. La protesta se ha materializado, durante días, mediante el violento recurso de poner candados y cadenas en los portones. Luego, el puñado de jóvenes se congrega enfrente del colegio para reforzar la clausura.
Allí, estudia Kennett Sánchez, dirigente del grupo denominado Movimiento Estudiantil de Secundaria (Medse) cuyos integrantes han protagonizado bloqueos de centros educativos y carreteras. Nunca han demostrado fuerza en su número, pero sí lograron crear costosas interrupciones del tránsito.
Medse y sus dirigentes cayeron en descrédito por sus contradicciones, la falta de seriedad de sus planteamientos y su cercanía con grupos extraños a la población estudiantil. Una entrevista para un medio radiofónico evidenció la desorientación de los jóvenes y su desconocimiento de los temas de las protestas. Posteriormente, Sánchez negó la representación ostentada por los entrevistados, pese al cúmulo de pruebas en contrario. También negó ser quien dio declaraciones en directo, por vía telefónica, al conductor del programa mientras conversaba con sus representantes.
Si los dirigentes tienen poca idea del motivo de la protesta, menos puede esperarse de la decena de estudiantes encargados de mantener cerrado el liceo de Pital. Según Roberto Céspedes Mora, director del centro de estudios, se trata de alumnos de sétimo y octavo, es decir, los más jóvenes y menos preparados. Es difícil creer que su comprensión de la educación dual o del impuesto sobre el valor agregado supere la de los dirigentes. Quizá hasta estén convencidos de la utilidad de los drones presupuestados por el Ministerio de Educación para vigilarlos a ellos y a sus compañeros.
No es difícil entender la desazón de Céspedes. En las mañanas, encuentra candados nuevos puestos durante la noche para reemplazar los cortados el día anterior. “Siento una mezcla de frustración, tristeza, engaño. Soy educador y, ante todo, deseo que ellos trasciendan, que sean personas de bien, que luchen por sus ideales… pero no sobre la violación de los derechos de otros. Hemos fallado en enseñar respeto”, afirmó el director.
En una oportunidad, estudiantes interesados en recibir clases estuvieron a punto de saltarse las cercas para entrar al colegio, pero Céspedes lo impidió por temor a un enfrentamiento con los manifestantes. Todas las mañanas, llama al 911, a la Fuerza Pública y al Patronato Nacional de la Infancia (PANI), pero nadie acude. La Policía dice tener orden de mantenerse al margen y, como el PANI no se presenta, afirma estar atado de manos para resolver una perturbación causada por menores.
Los 1.340 jóvenes perjudicados sufren la anulación de sus derechos a manos de una decena de compañeros, al parecer por razones de protección a la niñez, democracia, respeto a la libertad de manifestarse, diálogo, paz y un sinfín de consideraciones mal aplicadas a las circunstancias. En consecuencia, la gran mayoría de los alumnos sufren indefensión mientras la decena violenta hace su voluntad. Costa Rica no puede seguir por ese camino.
En buena hora el Ministerio de Educación decidió plantear denuncias contra los autores del cierre del colegio de Pital. Además de los diez estudiantes, la acción comprende a los adultos colaboradores. La justicia penal juvenil existe para responder a las faltas cometidas por menores con las consideraciones y los cuidados apropiados para su edad. Es preciso utilizarla en defensa de los demás alumnos y de un país que no puede entregarse al capricho de una decena de chiquillos. El lunes había una cantidad de colegios en similar situación.
