Editorial: Avance de la transparencia en la Sala IV

Ni el gobierno ni el BCIE han brindado todos los detalles de la contratación, pese a insistentes consultas de Robles y la prensa. Los magistrados reconocen los privilegios concedidos al banco regional por el derecho internacional, pero rechazaron extenderla a la información en manos del gobierno.

En setiembre del 2008, en un caso similar, la Sala IV declaró con lugar un recurso de amparo interpuesto por La Nación y ordenó al Ministerio de Hacienda revelar las condiciones de una venta a China de $300 millones en bonos de deuda pública costarricense. La transacción era parte de las negociaciones bilaterales sobre el establecimiento de relaciones diplomáticas con la República Popular.

El gobierno alegaba el compromiso adquirido con China de mantener confidenciales las ventajosas condiciones de la negociación para no afectar la relación de Pekín con otros países, pero la Sala rechazó que nuestro Ejecutivo pudiera comprometerse con otro Estado soberano a sustraer del conocimiento de los costarricenses informaciones de interés público. En consecuencia, obligó al Estado a entregar copia del contrato, el plazo, la tasa, el monto, el mecanismo utilizado, el intermediario —si lo hubo— y en ese caso, el porcentaje pagado por la intermediación.

En esta oportunidad, la sentencia reafirma la obligación del gobierno de entregar la información en su poder aunque la contratación la hubiera adjudicado y financiado el BCIE. “La Sala Constitucional constató que se había brindado al amparado una respuesta general a su gestión, pero que no atendía puntualmente los temas planteados por él. La Sala determinó que, en las solicitudes de información de los ciudadanos, los extremos que ellos consulten deben ser atendidos por la Administración de forma precisa”, indica el comunicado de la resolución.

El gobierno deberá entregar la propuesta de la contratación pagada con fondos del BCIE, los contratos celebrados por la empresa RMC La Productora S. A. (Nocaut) con la entidad financiera regional, informar si el dinero ingresó a las arcas del Estado y revelar los nombres de los funcionarios involucrados en la propuesta de contratación.

Es un importante paso adelante y la jurisprudencia podrá ser invocada, por ejemplo, para exigir el resultado de la consultoría también contratada con fondos del BCIE al abogado venezolano Carlos Ayala, con el objeto de explorar la improbable elevación de las “pensiones de lujo” a conocimiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como lo prometió el gobierno.

La resolución de los magistrados es un gran avance, pero ni impide ni torna superflua una legislación para reducir el margen de decisión de los gobernantes en cuanto a donaciones como las otorgadas por el BCIE y, sobre todo, eliminar la falta de transparencia evidenciada por el caso Bulgarelli y otros a lo largo de la historia. También deben considerar la posibilidad de fijar reglas de juego nacionales para el desarrollo de proyectos y el cumplimiento de normas de control establecidas para la inversión de fondos públicos en Costa Rica. El BCIE puede ser tan oscuro como desee, pero Costa Rica no tiene por qué seguirle la corriente.