Dos millones sin bachillerato

Según el Ministerio de Educación Pública (MEP), las personas sin secundaria completa son alrededor de dos millones. Costa Rica tiene la mayor cantidad de gente que no pasó de noveno año entre los 38 países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Al mismo tiempo, es el segundo, después de Noruega, con mayor porcentaje de su producto interno bruto (PIB) destinado a la educación, con un 6,5 %, aunque la Constitución Política dispone el giro de un 8 % a fines educativos.

La mitad de la población adulta con título de bachiller no necesariamente posee las habilidades necesarias para desempeñarse en un mercado de trabajo de creciente complejidad o seguir estudios en instituciones de educación superior. Las pruebas diseñadas para medir las destrezas de los graduados y la experiencia de empleadores y profesores universitarios por igual dan cuenta de las deficiencias en la formación de los bachilleres.

“Costa Rica es un país alfabetizado, pero poco educado. Todo el mundo llega a la escuela, aprende a leer y escribir, pero tenemos un problema en la retención de la secundaria”, dice Natalia Morales, investigadora del Programa Estado de la Nación. Las estadísticas respaldan su dicho: más del 95 % asiste a la primaria, un 80 % llega hasta noveno, pero en los últimos dos años de secundaria la cobertura es inferior al 50 %. Luego, quienes obtienen el título no siempre tienen los conocimientos esperados.

No obstante, la conclusión de la educación secundaria es un requisito para aprovechar las mejores oportunidades del mercado laboral o, simplemente, para encontrar empleo. La mitad de quienes están entre los 25 y los 34 años, época de intensa vida laboral, se encuentran entre los carentes de bachillerato.

La baja escolaridad conduce a una vida de pobreza. Peor todavía, incrementa las posibilidades de heredarla. La pobreza y el bajo nivel educativo de los padres predicen, con angustiante precisión, la poca escolaridad y, de nuevo, la pobreza de los hijos. La educación es el arma más potente para romper el ciclo.

Los efectos económicos y sociales de la baja escolaridad están estrechamente relacionados con la criminalidad, el fácil reclutamiento de jóvenes para el narcotráfico y la disconformidad manifiesta en las actitudes antisistema. A fin de cuentas, las víctimas del rezago educativo y su consiguiente pérdida de oportunidades tienen razones para sentirse traicionadas por el sistema y apenas logran imaginar una situación peor.

La pobreza, la desigualdad y la ignorancia cultivan un electorado maduro para la demagogia y el populismo autoritario. Sin el compromiso de la ciudadanía, las instituciones corren peligro de ceder ante el constante ataque de quienes las ven como estorbos y no como garantías de la vida en democracia.

Pasada la pandemia y en medio del “apagón educativo”, es hora de recuperar terreno con la mayor celeridad posible. Los programas diseñados para facilitar la permanencia en las aulas, como los servicios de transporte y comedores, son vitales. También llegó el momento de combatir la brecha digital con todo el empeño y los recursos disponibles. Es necesario fortalecer la educación preescolar y evaluar a los docentes para escoger a los mejores y mantenerlos en programas de capacitación continua.

La OCDE recomienda poner especial atención a sétimo y décimo año, donde la deserción es mayor. La propuesta es hacer grupos más pequeños para individualizar el proceso educativo hasta donde sea posible. También urge la adopción de sistemas estandarizados de evaluación, acordes con las mejores prácticas, para dejar de navegar sin brújula. Ningún sector capaz de contribuir debe dejar de hacerlo. Encaramos una verdadera emergencia, con trágicas ramificaciones económicas, sociales y políticas.