Los estudios de calidad del servicio de transporte público son otro ejemplo de complacencia hacia los empresarios, entre muchos documentados en los últimos meses. Sea con la sectorización, el cobro electrónico, la adopción del nuevo modelo tarifario o cambios menos importantes, como en su momento fue la remoción de los “trompos” contadores de pasajeros, el patrón es el mismo. Primero vienen los estudios, a menudo costosos, luego la discusión con representantes de todo sector involucrado, cuestionamientos legales de las empresas, promesas de adopción de las reformas y, finalmente, un nuevo atraso o posposición.
La sectorización comenzó a contar con estudios de respaldo coincidiendo con el cambio de siglo. El cobro electrónico lleva años bajo estudio y, una vez más, hizo un aterrizaje forzoso cuando parecía a punto de despegar. El control de calidad viene desde mediados de los noventa, cuando el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) contrató asesorías para diseñar modelos aplicables a las circunstancias de nuestro país.
Con los modelos en la mano, el gobierno inició las discusiones, nuevos estudios y posposiciones. En el año 2000 se produjo, finalmente, un decreto sobre la materia. Como es usual en el transporte público, el decreto nunca significó la adopción de los cambios. Faltaba elaborar manuales de evaluación, enfrentar cuestionamientos legales y dotar al Consejo de Transporte Público (CTP) de los recursos necesarios. Pasaron otros 14 años sin estudios de calidad del servicio.
En el 2014, la Defensoría de los Habitantes acudió al Tribunal Administrativo de Transportes para obligar al CTP a exigir los estudios de calidad. En el 2015 se produjo, por fin, la primera evaluación, pero eso no quiere decir que existan estudios confiables de calidad. En primer lugar, solo el 68% de los operadores cumplieron el requisito de presentar los estudios y la Dirección Técnica del CTP solo ha validado once de esos informes.
El año entrante, el Consejo contratará a una empresa para hacer la revisión de los estudios, pero la falta de seguimiento es apenas una parte del problema. Los informes de calidad sometidos al CTP el año pasado fueron hechos por las propias empresas. Ellas escogieron libremente a los profesionales encargados y pagaron sus servicios. El propio MOPT admite desconfiar de los resultados.
Para remediar el problema, el CTP exigirá estudios ejecutados por profesionales inscritos en el Ente Costarricense de Acreditación (ECA), pero los autobuseros reivindican su derecho a escoger a los encargados de los estudios porque son ellos quienes pagan el trabajo. Efectivamente, toca a los empresarios enfrentar los costos de cumplir los requisitos de ley, pero esa circunstancia no los convierte en árbitros del cumplimiento.
Las cámaras empresariales ya argumentan, además, la necesidad de establecer un periodo de transición para acreditar a los inspectores ante el ECA. Esa petición sigue el libreto de los continuos atrasos de otras medidas de control y mejoramiento de la supervisión en beneficio de los usuarios.
Los estudios de calidad son exigidos para renovar concesiones y ajustar tarifas. Lo menos que se puede pedir es alguna objetividad por parte de los técnicos encargados de verificar las condiciones de prestación del servicio. Hay 18 organismos acreditados con interés de brindar servicios de inspección. Aun así, vistas las importantes consecuencias de los informes, es necesario establecer otros mecanismos de control sobre los evaluadores certificados.
Transcurridas más de dos décadas, existe la posibilidad de que el año entrante el país dé un nuevo paso hacia la adopción de mejores parámetros de calidad en el transporte público. Como es usual en todos los temas del sector, es demasiado pronto para echar las campanas al aire.
Escuchar