Un estudio reciente del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) reitera cuanto han dicho análisis anteriores sobre el gasto social en Costa Rica: buena parte de los fondos destinados a combatir la pobreza llegan a manos de personas ubicadas en los estratos socioeconómicos medios. Se trata de beneficiaros alejados de la línea de pobreza, al punto de no estar siquiera en la franja de vulnerabilidad donde se ubican las personas no clasificadas como pobres, pero en riesgo de caer en esa condición con cualquier cambio de sus circunstancias.
En un país donde las cifras de la pobreza parecen inconmovibles y las finanzas públicas reducen el margen de acción de los programas diseñados para combatirla, el 33% de los pensionados del Régimen no Contributivo de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) no pertenece a los estratos más necesitados. El dato contrasta, también, con las estrecheces financieras de los regímenes de pensiones administrados por la CCSS.
Los fondos de becas destinados a mantener a los alumnos pobres en las aulas dan citas a un año plazo para analizar la asignación de nuevas ayudas, pero el 33% de los beneficios concedidos, en conjunto, por el programa Avancemos y el Fondo Nacional de Becas llegan a manos de estudiantes alejados de la línea de pobreza y también de la franja de vulnerabilidad.
Entre los más pobres, los ¢50.000 del programa Bienestar y Promoción Familiar, administrado por el Instituto Mixto de Ayuda Social, son determinantes, pero el beneficio se canaliza, también, a unas 22.000 personas del sector socioeconómico medio, con exclusión de miles de necesitados.
En total, el Estado aprobó 416.000 beneficios en el 2012, un 37% de ellos para personas pertenecientes a los sectores medios. Una mezcla de factores, entre los cuales destacan la falta de coordinación entre instituciones, los defectos de registro y los procedimientos de selección, explica el contrasentido. Pablo Sauma y Juan Diego Trejos, autores del estudio, señalan la importancia de mejorar en esas áreas, así como en el cumplimiento de la ley de salarios mínimos y la generación de empleo.
Trejos fue autor, en el 2006, del estudio titulado “¿A quién beneficia el gasto social?”. Entonces, como ahora, concluyó que buena parte de la cuantiosa inversión estatal la disfrutan personas alejadas de la pobreza. El problema es mucho más alarmante cuando se explora el destino final del gasto social y no solo de los programas específicamente dirigidos a combatir la pobreza.
Los regímenes de pensiones de privilegio producen efectos regresivos, sus beneficiarios no pertenecen a los sectores menos favorecidos y, no obstante, responden por un alto porcentaje del gasto social. Los subsidios a la educación superior, incluidas las becas disfrutadas por exalumnos de colegios privados, también constituyen un ejemplo de gasto social sin verdaderos fines redistributivos.
Familias acostumbradas a pagar importantes sumas de matrícula envían a sus hijos a cursar estudios en buenas universidades públicas por una fracción del valor de la educación superior. Mientras tanto, los presupuestos de programas de nutrición, como los comedores escolares, son muy ajustados.
Para desmejorar aún más la eficacia del gasto social, y de la parte destinada específicamente a combatir la pobreza, la burocracia estatal absorbe un enorme porcentaje del total, al punto de que es difícil precisar cuánto llega realmente a los destinatarios.
Según el estudio del PNUD, Costa Rica podría erradicar la pobreza extrema con una inversión adicional de ¢73.000 millones. Ese dinero, y más, probablemente ya se está gastando, con mínimo impacto sobre la miseria. Costa Rica es una de las naciones latinoamericanas con más inversión social. También debería estar entre las más frustradas al medir el efecto de tanto esfuerzo.
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