EscucharLa planificación urbana es un conjunto de normas técnicas que nos permite ordenar el uso del suelo en un municipio o una región, y está íntimamente ligada a la arquitectura, la geografía, la sociología, la demografía y la economía. Exige un proceso continuo de análisis y cambios al ritmo en que varían las condiciones y las necesidades de una sociedad.
La planificación urbana precisa de una buena gestión y la participación de los habitantes porque afecta el derecho a la propiedad, al establecer limites. Involucra la implementación de un plano de la circulación, los servicios públicos, el uso de la tierra, la zonificación, la renovación urbana, las coberturas, los retiros y otras variables sociales, económicas y ambientales.
Exige competitividad y sostenibilidad. Construimos hoy grandes complejos residenciales y comerciales con calles de la época colonial y servicios limitados. Nuestro urbanismo no ha tenido un apoyo claro de muchas instituciones por falta de coordinación y dispersión lineal de baja densidad.
Con mayor frecuencia, se desarrollan nuevos complejos habitacionales fuera de los centros urbanos, lo cual produce ciudades fantasma. El despoblamiento de las ciudades, los problemas de movilidad y el crecimiento de las necesidades son parte de las graves amenazas que afectan más nuestra calidad de vida.
La mayoría de los costarricenses invierten más de dos horas diarias en trasladarse a sus trabajos. Como consecuencia de ello, se deteriora la calidad de vida y crece el costo en combustibles. Es fundamental ordenar nuestro crecimiento urbano y aprovechar la infraestructura de las ciudades.
Planes reguladores. Costa Rica tiene una compleja estructura institucional que debe solucionarse para parar el caos en que vivimos por falta de planificación. Ocho de los 31 cantones que conforman la Gran Área Metropolitana (GAM) no tienen un plan regulador aprobado, a pesar de que la población se ha duplicado en los últimos 15 años.
Los planes reguladores han sido todo un calvario. Muchas municipalidades tienen más de 10 años en trámites. Cada día es más complejo hacer planes reguladores. La falta de coordinación institucional, la carencia de recursos humanos y financieros y la poca claridad de competencias y responsabilidades complican y hacen lento y costoso terminar los estudios respectivos.
Esto ha significado que muchos municipios no cuenten con un plan regulador y, como consecuencia, se presente una desarticulación del desarrollo con la infraestructura, la educación, la salud, el esparcimiento, el comercio y los servicios.
Es preocupante que en esta era tecnológica no se cuente con una plataforma donde se identifique la zona marítima, los bosques, los caminos, las aguas subterráneas, las limitantes de Aviación Civil, la minería, las zonas de fragilidad, los humedales y otras variables ambientales. Plataforma que simplificaría transparencia y agilidad de los tramites.
Planificación. En menos de 10 años, la GAM concentrará el 70 % de nuestra población. Una población con menos hijos, más exigente de servicios, trabajo, entrenamiento y seguridad. Una GAM que tiene solo el 4 % del territorio nacional donde se concentran la mayoría de las actividades más importantes y de mayor crecimiento del país.
En el 2008, fue presentado el proyecto Planificación Regional y Urbana de la Gran Área Metropolitana (Prugam), que impulsaba un modelo urbanístico con mayor utilización de las zonas centrales y desincentivaba la periférica; luego se aprobó el Plan de Ordenamiento Territorial de la Gran Área Metropolitana (Potgam), que delegaba la renovación urbana y se concentraba en las zonas periféricas; y en el 2013, fue aprobado el Plan GAM, elaborado por el TEC, centrado en una ciudad más compacta para aprovechar la infraestructura.
Hoy tenemos nuevas tendencias urbanísticas que valoran más los centros urbanos y tratan de evitar la congestión vehicular y la contaminación. Un modelo urbanístico que trata de acabar con los desarrollos en “islas”, que eliminaron la vida peatonal y el concepto de ciudad, para fomentar el uso del auto para todas nuestras actividades.
Nuestra sociedad quiere vivir en centros urbanos seguros y con parques y conectividad. Hay que acabar con el uso ineficiente de la tierra y fomentar el uso mixto para no tener que vivir montado en el auto, bus o tren. No podemos seguir expandiendo nuestra huella urbanística, que ha generado la exclusión entre clases sociales.
Los centros urbanos deben ser vibrantes y llenos de vida cultural y de esparcimiento, por lo cual tenemos que compactar la ciudad, crear más parques, promover el uso peatonal, desarrollar aceras anchas, crear variedad de transporte, conservar los edificios históricos, mezclar edificaciones, respetar el pasado, definir la jerarquía vehicular, fomentar buena calidad de vida.
Vivienda. Debemos acabar con la duplicidad de funciones entre el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU), el Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos (Mivah) y el Banco Hipotecario de la Vivienda (Banhvi).
El INVU debe concentrarse en la planificación y la renovación urbana, pues cuenta con una ley muy valiosa, pero carece de recursos humanos y financieros para el rescate urbano en conjunto con las municipalidades.
El Mivah debe fusionarse con el INVU para ahorrar recursos, tener mayor poder político y una mejor estructura operativa. El Banhvi, con más de ¢135.000 millones, no se ha renovado en 30 años, y lo más lógico es que se convierta en un banco de segundo piso, concentrado en procurarle vivienda a la clase media, resolver el problema de los precarios y atender emergencias.
No podemos dejar de buscar cómo dotar de casa a las personas que viven en los más de 384 precarios del país, donde se concentran 25.000 familias en condiciones infrahumanas. La violencia, la inseguridad y las drogas son parte de este cuadro que viven los precarios. Y ahora se le suma un problema más: el cobro de “peaje”. Muchas de estas personas son extorsionadas para poder entrar y salir de sus barrios.
No existe una política integral para erradicar los precarios. La invasión con ranchos en terrenos ajenos ha sido muy frecuente y los gobiernos han sido negligentes. Los desórdenes de los gobiernos han fomentado el reciclaje y no se avanza a pesar de tener recursos.
Tenemos que buscar soluciones integrales. No podemos atender de cuatro a cinco precarios anuales. El INVU tiene tierras y una ley que permite impulsar la construcción vertical en los asentamientos, muchos de los cuales están en lotes del Estado, pero parece que hemos olvidado esa otra Costa Rica.
Con un INVU fortalecido, podemos involucrar a todos los actores de vivienda y planificación urbana que deben estar en una sola sombrilla.
El Banhvi debe, prioritariamente, promover nuevos instrumentos como el leasing habitacional, el derecho de superficie y fideicomisos de ahorro y avales. Hoy más que nunca debemos unificar todos los esfuerzos para ordenar la planificación urbana y la vivienda.
El presidente del lNVU debe tener rango de ministro y la institución ser clave en el ordenamiento urbanístico. Un INVU con mayores recursos y mayor músculo político beneficiaría a la sociedad.
No sigamos haciendo lo mismo, hay que buscar soluciones integrales a los problemas de vivienda y ordenamiento urbano. Solo si tenemos los mejores recursos humanos y buenas políticas públicas ordenaremos nuestras ciudades y solucionaremos el problema de vivienda.
El déficit habitacional parece no ceder del 14 % en el área urbana y el 67 % en la rural. Busquemos una salida ordenada a un problema que, en lugar de mejorar, empeora.
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Necesitamos fortalecer el tejido social preponderante vertical, más mezcla de vivienda social, más cercanía a fuentes de empleo y mejores servicios.
Las municipalidades deben contar con elementos de alta tecnología para así lograr eficiencia y coordinación con todas las instituciones, y leyes activas en el ordenamiento territorial.
No podemos seguir creciendo como en el pasado y despoblando las ciudades. Este modelo de desarrollo no es sostenible, todo lo contrario, lo que ha generado es más inseguridad, más contaminación y menos aprovechamiento de las infraestructuras.
El autor es economista.
