EscucharTenemos un grave problema de seguridad ciudadana, con un brutal incremento de un 20 % de muertes en relación con el año anterior y en ciertas regiones la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes se asemeja a la de algunos de nuestros vecinos que son referentes mundiales por la violencia.
Pese a la magnitud del problema, preocupan las respuestas y la ausencia de propuestas y sentido de urgencia del ministro de Seguridad, quien lo minimiza al atribuírselo a la disputa entre bandas. Sorprende también el presidente, al afirmar que sin este problema en la ecuación el país es seguro. Una verdadera bofetada a una ciudadanía muy preocupada por la seguridad.
Igual o mayor malestar despertaron las declaraciones del ministro Jorge Torres por trasladar la responsabilidad a los jueces o, peor aún, a una ciudadanía a la que calificó de “domesticada”.
Temerario e irresponsable es su llamamiento a que las personas asuman peligrosas labores de confrontación en sus comunidades con grupos narcos que él bien sabe, y lo ha dicho, se encuentran armados.
Ante tal inercia, acertó el Colegio de Abogados y Abogadas en traer el asunto a discusión, y al presidente del Congreso, Rodrigo Arias, lo felicito, pues dada la ausencia de liderazgo, asumió la tarea y llamó a los otros poderes a una mesa de diálogo que, como primer fruto, ya definió los proyectos de ley que tendrán prioridad.
A estos se sumarán las iniciativas que el Ejecutivo prometió presentar en abril para, así, solventar lo que la Contraloría General de la República señaló el año pasado como la gran ausente desde el 2014: una política nacional de seguridad ciudadana.
Pero no todo se resolverá con leyes, como bien lo señaló la misma mesa de diálogo entre los poderes. Además del frente común ya constituido, será necesario que el Ejecutivo destine más fondos a las carteras respectivas y gire lo asignado por las leyes.
El narcotráfico y el crimen organizado, desde el narcomenudeo hasta las grandes bandas organizadas, no son un enemigo menor, y cuentan con recursos que no solo amenazan nuestra seguridad, sino que tienen la capacidad de erosionar nuestra institucionalidad (corrupción) y paz social, lo que demanda acciones urgentes.
La autora es politóloga.
