EscucharDos males nacionales cobran una dura factura en un sector esencial, exhausto por la pandemia, como lo es la salud nacional. Somos víctimas de la falta de previsión en seguridad informática y de la ausencia de priorización de actividades fundamentales.
La Caja Costarricense de Seguro Social sufrió un ataque cibernético en abril, y el presidente electo reconoció en aquel momento que el problema era una emergencia nacional.
Su sentido de urgencia no se vio acompañado de hechos concretos, menos en uno de los más sensibles servicios públicos: la salud, y esta semana todos los hospitales se encuentran trabajando “a pie”, como dijeron varias direcciones de centros médicos tras el retorno del papel y lápiz para la atención de pacientes y la imposibilidad de encender los sistemas de cómputo.
Se sufre la pérdida de citas y operaciones que durante meses se esperaron; sufre el personal sanitario en momentos en que ya vienen con jornadas agotadoras a lo largo de muchos meses, producto de la covid-19; sufre el país la pérdida de recursos por no tener acceso a exámenes realizados, por el encarecimiento de trabajar en papel y con expedientes desactualizados, y por la obligada reprogramación de citas que tendrán que darse, donde ya hay filas.
Está claro que la debilidad en seguridad informática no es de esta administración, pero sí lo es no prevenir con acciones en el sector sanitario y contribuir irresponsablemente contra el criterio de los técnicos al prescindir del uso de mascarillas y debilitar el voto de la Sala Constitucional con respecto a la vacunación obligatoria y la sanción de despido justificado.
Aunque el nuevo presidente de la CCSS, Álvaro Ramos, merece respeto por su seriedad, como costarricense quisiera mayores garantías en la solución del problema y la certeza absoluta e imparcial de que los datos de planillas, del Sicere y de pensiones no se encuentran comprometidos.
Demando, igualmente, una explicación en cuanto a la hoja de ruta para la solución del hackeo y la invitación a que no descarten ayuda del sector privado.
Que lo acontecido sirva para que el país actúe en favor de la protección de sus datos e información sensible y reconozca la necesidad de ser más profesionales en la materia.
La autora es politóloga.
