EscucharGINEBRA– El mercado de drogas ilícitas representa el mayor negocio ilegal de materias primas del mundo. Con un volumen anual de negocios en torno a $426.000 millones y $652.000 millones, su tamaño es aproximadamente la tercera parte del mercado de petróleo global y está controlado por criminales a quienes poco les importa la salud, los derechos y la seguridad de los demás. En todo el mundo, las muertes relacionadas con las drogas han venido aumentando, de 183.500 en el 2011 a aproximadamente 450.000 en el 2015; un incremento del 145 % en apenas cuatro años.
Mientras tanto, cada año se siguen gastando más de $100.000 millones en un intento inútil por erradicar el mercado de drogas ilegales. En los últimos 50 años, muchos países incluso han llegado a militarizar su respuesta. Pero si bien se han desmantelado algunos carteles de la droga, se llevó a la justicia a algunos líderes narcos y la zona de cultivo de cannabis, coca y amapola se redujo, estos logros han resultado apenas temporarios.
Peor aún, en muchos casos, simplemente se les ha endosado el problema a otros países, generando un “efecto globo”. Por ejemplo, después de comienzos de los años 2000, la producción de coca cayó en Colombia y aumentó en Perú, para regresar con más fuerza a Colombia en los años más recientes. Como los narcotraficantes pueden adaptarse y cambiar, el progreso siempre es reversible.
Los costos humanos han sido impactantes. Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía, hubo más de 250.000 homicidios registrados en México entre el 2006 y el 2017. En las Filipinas, se han producido unos 20.000 asesinatos extrajudiciales desde que el presidente, Rodrigo Duterte, llegó al poder en el 2016. En Colombia, muchos líderes políticos, policías, soldados, jueces y fiscales han sido asesinados, mientras que los cultivadores de coca –principalmente pequeños minifundistas– quedaron atrapados en el fuego cruzado entre el Ejército, los grupos paramilitares, los insurgentes y las pandillas.
Tristemente, ese nivel de violencia no debería sorprender. Cuando se prohíben las drogas, pasan obligadamente a mercados ilegales en los cuales la fuerza física, la intimidación, la discriminación y la corrupción ocupan el lugar de las herramientas regulatorias generadas desde el Estado. Es más, la prohibición exacerba los perjuicios sociales y sanitarios asociados a las drogas, lo cual contribuye a epidemias de VIH y hepatitis C, muertes por sobredosis, sobrepoblación carcelaria, estigmatización, discriminación, pobreza y debilitamiento de las instituciones.
Es hora de que el mundo cambie su estrategia. El uso de sustancias psicoactivas es un comportamiento riesgoso, y ocuparse de esos riesgos es una función clave del gobierno. Por eso, la Comisión Global de Políticas de Drogas, en su informe reciente, Regulación: el control responsable de las drogas, recomienda a los gobiernos legalizar y regular todas las drogas ilegales.
Se suele definir la “legalización” de manera inapropiada como una intervención del Estado para promover el uso de drogas. Pero lo que realmente significa es que las autoridades que actúan para defender los intereses de la población ofrezcan un marco legal para la producción, distribución y venta de drogas para consumo adulto, dando una consideración apropiada a los perjuicios asociados con cada sustancia en particular. Es una política que aborda específicamente las realidades del consumo de drogas y la presencia de estos mercados.
Como toda regulación, deberían aprobarse reformas de manera incremental y con base en pruebas de lo que funciona y lo que no. Las diferentes drogas naturalmente exigirán diferentes niveles de regulación dependiendo de sus riesgos relativos, y los enfoques variarán de un país y lugar a otro. Mientras que el cannabis podría venderse exclusivamente en tiendas minoristas que cuenten con una licencia, la heroína de grado farmacéutico podría suministrarse bajo prescripción a aquellas personas dependientes y a quienes otros tratamientos contra la adicción no les han funcionado.
Ni los responsables de las políticas ni los votantes pueden ocultarse detrás del argumento de que los consumidores de drogas merecen ser tratados de manera diferente porque han elegido involucrarse en una actividad potencialmente nociva. Dejando de lado el hecho de que la dependencia de las drogas tiende a afectar la capacidad de las personas de tomar decisiones libremente, todos nos involucramos en comportamientos riesgosos y perjudiciales, desde fumar cigarrillos hasta consumir alcohol, grasas transgénicas, azúcar procesada y demás.
Afortunadamente, ya sabemos cómo ocuparnos de los comportamientos riesgosos y de los productos potencialmente peligrosos, no solo de los mercados de cannabis legales que están surgiendo en todo el continente americano, sino también de los éxitos y fracasos del control de la seguridad alimentaria, el alcohol y el tabaco. La lección de estos mercados legales sobrecomercializados es que necesitamos aplicar controles apropiados a las prácticas de marketing y recortar los incentivos para que las empresas comerciales fomenten el consumo nocivo en busca de ganancias. También necesitamos más programas de prevención y control, que podrían existir con legalización o sin ella.
Las experiencias con modelos alternativos también ayudarían a guiar la transición de una producción y un consumo de drogas criminales a una producción y un consumo regulados cuando se ejecuten junto con políticas de desarrollo socioeconómico sustentables. Tailandia, por ejemplo, ha erradicado el opio creando otras oportunidades económicas para los agricultores rurales. Bolivia y Turquía han introducido el cultivo legal y regulado de coca y amapola, respectivamente, para acabar con las operaciones ilegales.
Al reclamar la legalización, no nos estamos rindiendo ante el problema que plantean las drogas. Más bien, estamos abogando por una solución más eficaz, duradera y humana. Si bien la regulación legal no es una panacea para todos los problemas relacionados con las drogas, es la mejor esperanza que tenemos de construir un mundo más saludable, más seguro y más justo.
En definitiva, la elección es simple. Podemos entregarles el control a los gobiernos o a las organizaciones criminales. No hay una tercera opción.
Juan Manuel Santos: premio nobel de la paz, fue presidente de Colombia y es miembro de la Comisión Global de Políticas de Drogas.
Ernesto Zedillo: fue presidente de México y es miembro de la Comisión Global de Políticas de Drogas. Ruth Dreifuss: fue presidenta de Suiza y preside la Comisión Global de Políticas de Drogas.
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