EscucharLONDRES– En las primeras semanas del 2020, la gente comenzó a darse cuenta de que la covid‑19 podía ser la muy temida, pero previsible, “enfermedad X”: una pandemia global causada por un virus desconocido.
Tres meses después, la mayor parte de la población mundial está confinada, y resulta claro que, en los niveles local, nacional e internacional, nuestra salud depende de la de nuestros vecinos.
Para la protección de las sociedades contra la covid‑19 será clave contar con sistemas sanitarios fuertes, una adecuada capacidad de testeo y una vacuna eficaz y de acceso universal. Pero para que nadie quede excluido, además de una inversión colectiva de un nivel inédito, también se necesita un gran cambio de metodología.
Investigadores de universidades y empresas de todo el mundo trabajan a toda prisa para desarrollar una vacuna. Y los avances actuales son alentadores: ya hay 73 vacunas candidatas en investigación o en desarrollo preclínico, y 5 que ya pasaron a la fase de ensayo clínico.
Este esfuerzo masivo solo es posible gracias a una sustancial inversión pública, que incluye a los institutos nacionales de salud de los Estados Unidos y a la Coalición para las Innovaciones en Preparación para Epidemias (CEPI, por sus siglas en inglés). Esta última, una organización sin fines de lucro con financiación pública, se creó después de la epidemia de ébola que golpeó África occidental del 2014 al 2016, con el objetivo de impulsar la investigación y el desarrollo de vacunas aplicables durante un brote contagioso.
La CEPI recibe de varios gobiernos financiación adicional por $765 millones para el desarrollo de una vacuna contra la covid‑19. La Autoridad para la Investigación y el Desarrollo Biomédico Avanzado (perteneciente al Departamento de Salud y Servicios Sociales de los Estados Unidos) ha hecho fuertes inversiones en proyectos para el desarrollo de una vacuna junto con Johnson & Johnson ($450 millones), Moderna ($483 millones) y el aporte de la Unión Europea.
Pero la inversión sola no basta. Es necesario que todo el proceso de innovación en vacunas, desde la I+D hasta la distribución, se rija por reglas de acción claras y transparentes basadas en objetivos y métricas referidos al interés público. Eso, a su vez, exige una clara alineación entre el interés público nacional y el global.
El primer paso es adoptar un sentido de misión que ponga las inversiones públicas y privadas al servicio de un objetivo común claro: el desarrollo de una o más vacunas eficaces contra la covid‑19 que puedan producirse rápidamente a escala global y ponerse a disposición de todas las personas en forma gratuita. Esto demanda reglas firmes en lo referido a la propiedad intelectual, la fijación de precios y la fabricación, en cuyo diseño y fiscalización deben valorarse la colaboración y solidaridad internacional, en vez de la competencia entre países.
En segundo lugar, para acelerar los avances y así maximizar el impacto sanitario, es necesario orientar el ecosistema de innovaciones hacia el uso de la inteligencia colectiva. La ciencia y la innovación médica prosperan y progresan cuando los investigadores intercambian y comparten el conocimiento en forma abierta, lo que les permite basarse en los éxitos y fracasos ajenos en tiempo real.
Pero el modelo científico privatista actual, en cambio, promueve la competencia y el secretismo, pone la aprobación regulatoria en los países ricos por encima del acceso y del impacto sanitario mundial, y alza barreras a la difusión de la tecnología. Si bien los fondos de licencias voluntarias (fondos de patentes) como el que Costa Rica propuso a la Organización Mundial de la Salud pueden ser útiles, corren el riesgo de ser ineficaces en la medida en que se permita a empresas comerciales privadas mantener el control de tecnologías y datos fundamentales (que se desarrollaron gracias a la inversión pública).
Además, es esencial una orientación colectiva para seleccionar las vacunas potenciales más prometedoras. De lo contrario, la autorización de comercialización puede ir para la candidata con mejores recursos en vez de la más adecuada.
En tercer lugar, los países deben tomar la delantera en crear y reforzar capacidades de fabricación, en particular en el mundo en desarrollo. Aunque para contar con una vacuna eficaz contra la covid‑19 tal vez haya que esperar entre doce y dieciocho meses, hay que hacer ahora mismo un esfuerzo concertado para preparar las infraestructuras y capacidades públicas y privadas que se necesitarán para producir en poco tiempo los miles de millones de dosis necesarias.
Como todavía no sabemos cuál de las vacunas resultará más eficaz, es posible que debamos invertir en una amplia variedad de activos y tecnologías. Esto supone un riesgo tecnológico y financiero que solo puede superarse con la ayuda de Estados emprendedores respaldados por la financiación colectiva orientada por el interés público, provista por ejemplo por bancos nacionales y regionales de desarrollo, el Banco Mundial y fundaciones de beneficencia.
Por último, todo programa de desarrollo de vacunas debe incluir desde el primer momento condiciones que garanticen un acceso global y equitativo. De ese modo la inversión pública se estructurará no tanto como una mera subvención o corrección de fallos del mercado, sino como una fuerza configuradora del mercado proactiva y orientada por el interés público.
El precio de las vacunas para la covid‑19 debe reflejar tanto la significativa contribución pública a su desarrollo como la urgencia y magnitud de la crisis sanitaria global. Debemos trascender las declaraciones de principios y los compromisos genéricos para introducir en cambio condiciones concretas que permitan la gratuidad de las vacunas en el lugar de uso. Las autoridades también deben considerar la aplicación de licencias obligatorias para que los países puedan hacer un uso óptimo de las herramientas y tecnologías disponibles.
Es fundamental contar con mecanismos de compra colectivos que garanticen una distribución justa y un acceso global equitativo a las nuevas vacunas que vayan desarrollándose. El objetivo principal debe ser evitar que las economías avanzadas monopolicen el suministro global o no dejen lugar para la demanda de los países más pobres.
En la crisis de la covid‑19, el modelo habitual no sirve. En momentos cuando todo el mundo se moviliza contra la pandemia, con llamados a la formación de una alianza global, conferencias de donantes, reuniones del G20 y la próxima Asamblea Mundial de la Salud de este año, tenemos una oportunidad que no podemos desaprovechar. Estos esfuerzos colectivos deben incluir normas de acción claras y fiscalizables para que todas las partes se comprometan a seguir un enfoque integral para la innovación sanitaria basado en el interés público, que es contar con una vacuna eficaz que pueda ponerse en poco tiempo a disposición de todos en forma gratuita.
La prueba definitiva para saber si el resultado de la cooperación global entre el sector público y el privado es exitoso será maximizar el suministro de bienes públicos o las ganancias privadas.
Mariana Mazzucato: directora del Instituto para la Innovación y el Interés Público en el University College de Londres y profesora en su cátedra de Economía de la Innovación y el Valor Público, es autora de “The Value of Everything: Making and Taking in the Global Economy”.
Els Torreele: directora ejecutiva de la Campaña de Acceso a Medicamentos de Médicos sin Fronteras.
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