EscucharPadezco un disimulado escepticismo con respecto a los honores cívicos que se otorgan a determinadas personas, en vida o póstumamente. Tal vez porque me intimidan: no sabría cómo vivir el día a día con la ciudadanía honorífica sobre mis espaldas, y el benemeritazgo significaría que estoy muerto.
Ambas son distinciones propias de un sistema republicano: las concede la Asamblea Legislativa, valga decir, la representación del pueblo soberano. No se originan en la voluntad arbitraria de un monarca que reparte títulos para reverenciar a sus súbditos y de este modo invierte el orden natural de las cosas, o en la de un autócrata resuelto a adular a su público.
Aunque la ciudadanía de honor es la recompensa por servicios notables prestados a la República y el benemeritazgo la retribución por actuaciones eminentes de personas ya fallecidas, la ponderación de los méritos que han de ser recompensados o retribuidos en cada caso corre por cuenta de un órgano político pluralista. Ya se sabe lo condicionado que este suele estar por cálculos coyunturales y otros juicios de oportunidad. En consecuencia, con los criterios al uso, muchos serían los llamados pero muy pocos son los escogidos.
Me refiero a esto ahora que se han presentado varias propuestas para conceder honores; buscando entre ellas alguna cara conocida, no encontré ninguna. Sin embargo, recordé a varios costarricenses que si no fueron honrados en vida, que se lo merecían, debieran ser honrados ahora que ya han muerto.
A principios de los años setenta, unos estudiantes que realizaban ciertos trabajos en la sala que la Asamblea destinaba entonces a exhibir los retratos de aquellos a quienes se habían rendido honores, jugaron a cambiarlos de sitio, de manera que no coincidieran las imágenes con los nombres. Esta travesura pasó inadvertida mucho tiempo y para remediarlo fue necesario el concurso de un perito en historia; todavía no estoy convencido de la fidelidad del resultado.
El honor y el humor conviven mal, pero lo hacen. De uno de los costarricenses que sobresalieron en el servicio al país sin haber sido recompensados, conozco tantas anécdotas que desfallecería si las contara. Otro me dijo una vez que él llevaba la lista de los que lo malquerían: eran diez. Tiempo después supe que había muerto uno de ellos, y le apunté: “Ahora solo quedan nueve”. Me contestó: “No, ya lo repuse”.
Carlos Arguedas Ramírez fue asesor de la presidencia (1986-1990), magistrado de la Sala Constitucional (1992-2004), diputado (2014-2018) y presidente de la Comisión de Asuntos de Constitucionalidad de la Asamblea Legislativa (2015-2018). Es consultor de organismos internacionales y socio del bufete DPI Legal.
