EscucharExiste una preocupante rigidez en la gestión de los recursos públicos, lo que limita la flexibilidad necesaria para que el gobierno pueda asignar los ingresos según las necesidades del desarrollo económico y social.
El 75 % de los gastos tienen destinos específicos y el futuro está hipotecado debido al endeudamiento para financiar gastos. Muchos recursos no están alineados con las prioridades, la burocracia ha aumentado y hay cada vez menos inversión en infraestructura.
A pesar del grave estado de las carreteras nacionales, el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) ha sufrido un recorte presupuestario del 25 %. En cambio, Bomberos ha construido edificios nuevos, comprado equipos sofisticados y acumulado un superávit de ¢99.000 millones gracias a lo que recibe del impuesto sobre los seguros.
La situación financiera de Seguridad Pública es preocupante. La norma es posponer soluciones integrales, aunque la inseguridad y el crimen aumenten. No hay disciplina ni metodología para revisar los recursos asignados sin evaluar su vigencia y validez en los momentos actuales.
En cuanto a la capacitación de recursos humanos, la inversión asciende a solo el 7 % del PIB y los resultados son desalentadores. Costa Rica tiene la tasa de desempleo más alta de los países de la OCDE. La formación de capital fijo sigue siendo negativa, mientras que la burocracia y las instituciones continúan creciendo.
El déficit fiscal solía ser financiado con más deuda hasta que se aprobó la regla fiscal para controlar su crecimiento y reducirlo. Para cumplir con el servicio de la deuda, el Gobierno Central dedica apenas el 5 % del PIB.
Protección social
Un total de 21 instituciones ofrecen protección social, pero los resultados son decepcionantes. La desigualdad social y la pobreza están aumentando, mientras que las instituciones de protección social siguen creciendo en cantidad y burocracia, y nadie pide resultados.
La asignación de recursos al campo social debe evaluarse y buscar soluciones, ya que el aporte social del Estado representa en promedio el 20,4 % del PIB, muy superior a los países de la OCDE.
Aunque la inversión en educación es millonaria, el país carece de técnicos y científicos, lo que pone en peligro la inversión y el empleo. La proporción de graduados en carreras STEM no alcanza el 20 %, pero las universidades públicas no cambian su oferta.
Las universidades públicas deberían reducir el tiempo necesario para obtener un título en profesiones técnicas, que en promedio superan los cinco años, mientras que en países europeos un bachillerato dura tres años. Además, las universidades deberían aceptar recibir financiamiento de acuerdo con los resultados. Los sindicatos universitarios no son sostenibles en un país de renta media, pero nadie se atreve a poner orden.
La educación preescolar todavía no alcanza la cobertura y calidad necesarias, y los más afectados son los niños provenientes de los hogares más vulnerables. Aunque hay un presupuesto creciente, no existen las habilidades ni la infraestructura necesarias para sacarle provecho.
La exclusión educativa y la tasa de repetición en educación secundaria son muy altas, y nadie pide resultados, a pesar de que el presupuesto asignado es el más alto del gobierno. La exclusión perjudica más a las mujeres, ya que les impide insertarse en el mercado laboral o ascender.
Competitividad
Dado el tamaño del mercado, es necesario romper los monopolios y oligopolios privados, lo que obliga a destinar recursos técnicos y financieros para simplificar los requisitos que propician protecciones y distorsiones en el mercado.
Los monopolios públicos deben ser medidos por su productividad, y no solo en función de sus costos. Se deben hacer evaluaciones continuas de las actividades para determinar cuáles pueden abrirse a la competencia.
Mientras subsistan altas cargas sociales, un régimen normativo opresivo y sistemas complejos de formalización, difícilmente la informalidad va a disminuir. Este problema debe ser tratado con mayor empeño, ya que tiene repercusiones en el crecimiento de la desigualdad, la pobreza y la desprotección social de los trabajadores, que no están asegurados ni cotizan para una pensión.
La informalidad disminuye el crecimiento económico y el bienestar, dificulta el acceso al crédito y merma la recaudación tributaria, por lo que se deben buscar soluciones estructurales. La rigidez de las altas cargas genera este grave problema social, cuya factura se encarece y nadie se atreve a tocar ni evaluar.
Productividad
No se realiza un análisis de la eficacia de decenas de instituciones y programas. Cada vez hay menos incentivos para mejorar la productividad. La falta de evaluación de los gastos e impuestos ha causado que nuestro desarrollo genere tantas diferencias.
Tenemos una asignación ineficiente de los recursos públicos debido a los cientos de destinos específicos. Cada vez se dificulta más ajustar el gasto y los impuestos a las necesidades cambiantes.
La falta de transparencia y medición tiene un gran costo. Los ciudadanos confían cada vez menos en la capacidad del gobierno para solucionar los graves problemas sociales y económicos.
Es necesario evaluar la eficacia de las políticas públicas y fomentar la responsabilidad, la confianza, la mejora continua y la participación ciudadana. Es importante que los ciudadanos estén informados sobre cómo se invierten los recursos públicos y que se supervise y responsabilice a los gobernantes de la ejecución.
El autor es ingeniero.
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El 75 % de los gastos tienen destinos específicos y el futuro está hipotecado debido al endeudamiento para financiar gastos. (Shutterstock)
