Costa Rica creó la Superintendencia de Pensiones porque nadie ignora la importancia de mantener un ojo independiente sobre la administración de enormes fondos acumulados por cotizantes con derecho a una vejez digna. Acto seguido, el régimen más importante del país, independientemente de con cuál parámetro se mida, proclamó su autonomía y derecho a no compartir información con los supervisores.
Desde entonces, el Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) se ha venido deteriorando al paso temido por la Superintendencia desde hace unos 15 años. Las proyecciones de la Caja, por el contrario, fallaron estrepitosamente. El IVM sostenía, con absoluta confianza, su solidez hasta el 2038. Más tarde bajó la estimación al 2030, pero este año comenzará a vaciar sus reservas porque los ingresos por cotizaciones e intereses no alcanzan para los pagos. Faltan ¢51.380 millones y el déficit del año entrante será todavía mayor.
La morosidad del Estado debió ser tomada en cuenta para hacer estimaciones responsables, pero, aunque el Ministerio de Hacienda se pusiera al día con los ¢600.000 millones de deuda acumulada previstos para fin de año, la debilidad del régimen sería preocupante de cara a las obligaciones creadas por el cambio demográfico y los beneficios concedidos.
Entre el 2017 y la actualidad, el IVM destinó al pago de pensiones ¢623.897 millones de los intereses generados por el fondo. Ni siquiera el pago íntegro de la deuda del Estado habría permitido satisfacer la totalidad de las obligaciones sin echar mano de los rendimientos, esencia de un régimen de capitalización.
Ahora, el costo de la autonomía del IVM se manifiesta con crudeza. No lo pagarán los funcionarios y directivos “autónomos”, sino los pensionados actuales y futuros. Quizá lo paguen, también, los jóvenes, porque nadie está exento de los efectos de la estrechez fiscal si el gobierno se ve obligado a asumir parte de la carga.
Los jubilados del presente pueden olvidarse de ajustes por costo de vida. Están condenados a sufrir el deterioro de su capacidad adquisitiva, salvo que se decida comprometer todavía más la salud del sistema. Los pensionados del futuro ya sufrieron un primer ajuste adverso en sus condiciones de jubilación, pero es claramente insuficiente, según la Superintendencia de Pensiones, cuyos cálculos de hace tres lustros habrían ayudado a modificar el rumbo si la autonomía no los hubiera dejado tirados en la cuneta del camino hacia la crisis.
Armando González es editor general del Grupo Nación y director de La Nación.
Costa Rica creó la Superintendencia de Pensiones porque nadie ignora la importancia de mantener un ojo independiente sobre la administración de enormes fondos acumulados por cotizantes con derecho a una vejez digna. (Shutterstock)
Laboró en la revista Rumbo, La Nación y Al Día, del cual fue director cinco años. Regresó a La Nación en el 2002 para ocupar la jefatura de redacción. En el 2014 asumió la Edición General de GN Medios y la Dirección de La Nación. Abogado de la Universidad de Costa Rica y Máster en Periodismo por la Universidad de Columbia, en Nueva York.
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