Colombia es uno de los países más complejos de la región, pero en política fiscal brinda lecciones de gran relevancia para Costa Rica. De hecho, es uno de los casos a los que más deberíamos prestar atención.
La Constitución de 1991, en el mismísimo artículo primero, establece que Colombia es un “Estado social de derecho”, pilar sobre el cual se ha forjado un consenso político socialdemócrata. La Corte Constitucional ha desempeñado un papel protagónico en ese sentido al desarrollar una jurisprudencia garantista que se traduce en crecientes obligaciones financieras para el Estado. Por ejemplo, en el 2014, estableció que la sostenibilidad fiscal no debe ser un obstáculo para la garantía absoluta de derechos fundamentales, como la salud. A esto hay que sumarle la enorme carga que ha representado para el fisco un cruento conflicto armado de más de medio siglo.
No sorprende, entonces, que Colombia esté constantemente en apuros fiscales. Pero, a diferencia de nuestro país, los distintos gobiernos no han tenido problemas en conseguir nuevos impuestos: en los últimos 27 años se han aprobado 14 reformas tributarias. Sin embargo, esos ajustes no han resuelto la dinámica alcista del gasto. Ya que la informalidad es alta —48,3 % de la fuerza laboral— los impuestos exprimen cada día más a una golpeada clase media y a los negocios formales. Según el Banco Mundial, una empresa promedio paga el 69,7 % de sus ganancias en impuestos.
Con el fin de enfrentar el problema estructural, en el 2011 se aprobó una regla fiscal que establece límites al tamaño del déficit que puede alcanzar el gobierno. No obstante, como me lo dijo Juan Carlos Echeverry, ministro de Hacienda que diseñó esa reforma, “la regla fiscal es como la promesa de un alcohólico: en Colombia hicimos la promesa, pero de ahí en adelante el gobierno siguió bebiendo para pagar por la paz y cumplir sus compromisos sociales”. Echeverry observa que, si bien la regla ha servido de algo, “todos los años se le han hecho cambios, por lo que ha perdido credibilidad”.
La última reforma fue un aumento al IVA del 16 % al 19 % en el 2017. Como resultado, el consumo cayó, la economía se desaceleró y las expectativas de recaudación no se cumplieron. La nueva administración Duque contempla ahora un nuevo paquete tributario. Como ven, Colombia nos da muchas lecciones fiscales.