Solo en Zapote sabrán los motivos que los llevaron a crear la ahora infame Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD), la cual, al parecer, lleva año y medio operando. ¿Se trataba de un esfuerzo sano por aplicar la ciencia de los datos a la elaboración de políticas públicas, como argumentó el presidente? ¿O fue un fallido proyecto orwelliano para concentrar información de los costarricenses en la Casa Presidencial con fines políticos? La respuesta depende de cuánto beneficio de la duda queremos darle a este gobierno.
En el mejor de los casos, se trató de una monumental chambonada de la administración Alvarado. El decreto de la UPAD tiene dos aspectos que generan suspicacias. Uno es que la unidad responda directamente al presidente, sin que la información y los datos generados nutran el trabajo de otras instancias encargadas de diseñar políticas públicas, como el Mideplán. En esto, parece tener un diseño organizacional similar al de la DIS, la policía política. El otro aspecto por el cual encendió alarmas fue la estipulación de que la UPAD tendría acceso a “toda información”, incluso de carácter confidencial. Esto es, a todas luces, ilegal e inconstitucional. ¿Se puede ser tan torpe al redactar y firmar tal despropósito?