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La Contraloría General de la República (CGR) señaló una reducción de ¢37.503 millones en las transferencias previstas en el proyecto de Presupuesto Nacional para 2027, en comparación con la ley de 2026. La disminución se concentra principalmente en los recursos destinados al Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) y al Patronato Nacional de la Infancia (PANI).
En el caso del IMAS, la Contraloría indicó que el monto presupuestado es por un total de ¢141.000 millones, cifra que es inferior en ¢45.640 millones a lo devengado al 31 de diciembre de 2025. “La principal reducción se registra en el programa de transferencias monetarias condicionadas Avancemos”, detalló la entidad.
En tanto, el monto asignado para transferir al PANI resulta inferior en ¢17.000 millones a lo devengado en 2025. Esta disminución, según la CGR, se explica principalmente por la menor asignación de recursos del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf) para la protección integral de las personas menores de edad.
“El proyecto registra menores asignaciones para programas como el de transferencias monetarias condicionadas Avancemos y seguridad alimentaria del IMAS y para la protección integral de las personas menores de edad en el PANI, las cuales resultan inferiores a lo que efectivamente se devengó durante el 2025. Lo anterior implica el mayor decrecimiento nominal en transferencias corrientes desde 2021, alcanzando un 5,5% del PIB”, apuntó la Contraloría.
La CGR expuso estos señalamientos en su Informe Técnico sobre el Proyecto de Ley de Presupuesto correspondiente al periodo 2027, en el que analiza, entre otros aspectos, el gasto social, las perspectivas fiscales, los ingresos y gastos previstos, las asignaciones a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), las normas de ejecución presupuestaria y el cumplimiento de los principios presupuestarios.
Rebajas en recursos del Fodesaf
La Contraloría señaló que en la exposición de motivos del proyecto de ley se expone que las rebajas en los recursos del Fodesaf se explican por un aumento de “8.020,5% con respecto a 2026″ de los recursos destinados al seguro de salud de las personas en condición de calle en el presupuesto del Ministerio de Salud.
Según consideró, esto limitó la disponibilidad de recursos del Fondo para realizar asignaciones adicionales más allá de los montos establecidos en la Ley de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (5.662).
“Lo anterior generó que en la propuesta de 2027 se cambiara el destino relativo del 19,3% de los recursos de Fodesaf. En general, se observa que los programas cuya asignación no depende de un porcentaje como los establecidos en la Ley n.° 5662 y otras, no reciben presupuesto en 2027, a excepción del seguro de salud de las personas indigentes. Esto también afecta los recursos adicionales a los mínimos establecidos por ley que se otorgaban a diversos programas", añadió en el informe.
Programas desprotegidos
De acuerdo con la Contraloría, la reducción de las transferencias con respecto a años anteriores y la reestructuración de los recursos del Fodesaf dejan desprotegidos a programas e instituciones vulnerables, como el IMAS, el PANI, el Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA), el Programa Nacional de Empleo (Pronae), entre otros.
Además, consideró, comprometen la continuidad de los servicios sociales que estos proveen a la ciudadanía.
“La asignación de las transferencias en el Proyecto de Ley de Presupuesto 2027 evidencia una política de contención fiscal que introduce riesgos en la prestación de algunos servicios públicos esenciales”, señaló la Contraloría.
