Parte del “ejército” de conserjes que tiene el MEP permitió que miles de estudiantes de escuelas y colegios comenzaran el curso lectivo en pasillos, aulas y baños sucios, tal como quedaron antes de irse de vacaciones a principios de diciembre.
Culpa de ello la tiene el gobierno por su tolerancia y negativa a reformar las reglas de trabajo de esos funcionarios. Desde el 2001, el Reglamento de servicio de conserjería de instituciones educativas oficiales da vacaciones a los conserjes en las mismas condiciones que a los educadores. Tal privilegio atenta contra la salud e higiene de niños y adolescentes, y contra el mantenimiento de edificios públicos. Va contra la lógica que educadores y conserjes entren el mismo día, junto con el millón y resto de estudiantes, porque es garantía de mugre, desorden y riesgo sanitario. En la práctica, es una pérdida de clases, pues, mientras los del aseo cumplen su trabajo, educadores y alumnos deben cruzarse de brazos.
Lo racional es que el “ejército” de conserjes regrese a laborar, cuando menos, una semana antes del inicio del curso lectivo. La expectativa de los contribuyentes al financiar a este “ejército” de trabajadores es el aseo y cuidado de edificios públicos, pero las prebendas de ese decreto atentan contra ese propósito y contra lo principal: trabajar. Es más —y lo digo con todo respeto para quienes ejercen ese oficio—, los conserjes deben tener claro que sus vacaciones no pueden ser las mismas que las de los docentes porque las funciones y el desgaste físico y mental son muy diferentes. La labor del conserje es agotadora físicamente. La del educador, también, pero doblemente, en lo físico y mental. Entre un oficio y una profesión, hay una gran brecha y, por ello, es irracional equiparar las vacaciones de docentes y conserjes con un decreto.
El decreto nació del interés sindical. La APSE ha presionado en favor de igualar derechos de conserjes a los de educadores por cálculo. Al tener en sus filas a personal de aseo son más y, así, consiguen paralizar y gritar más en sus tantas huelgas. Dos décadas de vida para el decreto son suficientes. El MEP y el gobierno deben enmendar el error cometido en el 2001 y poner a trabajar a los conserjes en el tiempo que le convenga al país, no al sindicato.
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Armando Mayorga es jefe de Redacción de La Nación.