Comenzando el 2018, el Banco Central hizo tres anuncios relevantes para la economía: presentó el Programa Macroeconómico 2018–2019, adoptó un esquema flexible de metas de inflación y aumentó la tasa de política monetaria. Atendamos algunos elementos al respecto.
Producción. El crecimiento económico, estimado inicialmente para el 2017 en un 4,1 % fue un 3,2 %. La baja se explica por un dinamismo menor al esperado en la construcción privada, por el incremento en las tasas de interés, por las expectativas cambiarias, por la erosión de la confianza del consumidor, por la merma del consumo y las lluvias en el segundo semestre. A pesar de ello, la colocación de exportables en los mercados internacionales y los servicios continúan impulsando la actividad económica (consultoría empresarial, enseñanza, salud, comunicaciones, finanzas, entre otros).
El crecimiento de los últimos años ha sido positivo, pero a tasas menores. En concordancia, las autoridades calculan un crecimiento del 3,6 % en el 2018, fundamentado en un mejor desempeño de las economías avanzadas, lo cual propiciará mayores exportaciones a esos destinos, y en una recuperación de la construcción en torno al 1 % (luego de contraerse un 6,4 % en el 2017) y en la persistencia del consumo.
Fiscalidad. La deuda del sector público global (Gobierno Central más gobierno descentralizado) respecto al PIB al cierre del 2017 se plantó en un 65 % (a fines del 2016 era un 62 %). La deuda del sector público global registra ¢21 billones repartidos entre el Gobierno Central, ¢16 billones (49 % del PIB), y el descentralizado, ¢5 billones (16 % del PIB).
El 2017, el déficit del Gobierno Central cerró en un 6,2 % (en el 2016 fue un 5,3 %), unos ¢2 billones; esencialmente, porque la tasa de expansión de los gastos, 9,1 %, superó a la de los ingresos 5,3 %. Al término del presente ejercicio, el faltante se calcula en 7,1 %. Un síntoma de asfixia fiscal fue cuando se informó que “a finales de diciembre el gobierno no había recolectado el dinero suficiente para pagar toda su planilla y las pensiones con cargo al presupuesto nacional, mientras que a mediados del 2017 no tenía recursos para el pago de ayudas sociales”.
De esto último, dos síntomas: primero, en agosto, el mandatario anunció que el gobierno enfrentaba dificultades de liquidez y, segundo, los acreedores (nacionales y extranjeros) del Ministerio de Hacienda exigirán mayores rendimientos para compensar el riesgo por invertir en sus emisiones (en el 2016 el gasto por intereses representó el 15 % del total de los gastos y en el 2017 fue el 16,5 %).
Ojo: para los países con calificación BB ese dato en promedio es 7 %. En el manejo de los ingresos y gastos en un hogar, en una empresa y en la Hacienda pública debe prevalecer el mismo criterio: la prudencia.
Las calificadoras internacionales de riesgo como Moody’s, Standard & Poor’s y Fitch han insistido en el deterioro fiscal por falta de toma de decisiones para enderezar las finanzas públicas. Así, por ejemplo, Fitch, en el último lustro, ha mantenido la calificación de riesgo en BB, lo cual indica un “elevado riesgo de incumplimiento”. Asimismo, la perspectiva desde entonces ha venido debilitándose de positiva a estable y, la más reciente, negativa.
Si esta última perspectiva se mantiene por continuar el deterioro fiscal, será la antesala para que esa calificación caiga a B con un “riesgo de incumplimiento significativamente elevado”.
Entre más se aplacen las decisiones correctivas, más recurrente será la asfixia fiscal y más cerca estaremos de los regazos con los organismos financieros. Que quede escrito, para después no andar con lloriqueos.
Sector monetario. En materia de precios, la inflación continúa localizándose dentro del ámbito del 3 % con una oscilación de ±1 % y se espera que se mantenga. La autoridad monetaria abrió este año con un incremento de la tasa de política monetaria, ajustándola al 5 % (hace un año fue 1,75 %). Esta tasa actúa como una tasa faro, en el sentido de que orienta el establecimiento del costo del dinero a corto plazo entre los intermediarios financieros.
Esta medida pretende mejorar la rentabilidad relativa de los instrumentos en colones para inducir al público a colocar en tal moneda y no en dólares (persiste la preferencia por instrumentos en dólares). Otro efecto, quizás no muy bienvenido, será el incremento en las tasas de interés en colones.
El Banco Central anunció, ahora sí, la adopción de un esquema flexible de metas de inflación. En el 2005, comunicó el inicio de una transición hacia tal esquema, proceso que duró doce años. Esta modalidad descansa sobre el hecho de que la tasa de política monetaria se convierte en el instrumento principal de la autoridad monetaria y sobre la credibilidad recíproca entre los agentes económicos y el Banco Central. En esa línea, no escatimaría en comunicar sus objetivos, acciones y resultados.
Las expectativas de inflación de los agentes han de coincidir tanto como sea posible con las del Banco. Un requisito para el éxito de este esquema es que el mercado cambiario funcione más independientemente, salvo cuando requiera intervención correctiva. El sistema cambiario vigente de flotación administrada permite a los bancos centrales enfocarse más en sus objetivos monetarios.
Tres comentarios a las puertas de un nuevo gobierno. Primero. El gasto público tiene dos vertientes: el gasto corriente y el gasto de capital. El presupuesto del Gobierno Central para el 2018 (¢9,3 billones) asignó un 95 % para gasto corriente (remuneraciones 37 %, transferencias 39 % y deuda 19 %; por su peso relativo, estos renglones ameritan ajustes); y, un 5 % restante para gasto de capital (desglosados así: 4 % gastos administrativos y un 1 % gasto de inversión).
Si más recursos son bien dirigidos hacia el gasto productivo o de inversión, se logra impulsar el crecimiento económico. Esto no sucede porque el gasto corriente, prácticamente engulle los recursos presupuestados. Lamentablemente, la economía costarricense seguirá perdiéndose el impulso del gasto productivo. Tendrá menos producción, menos competitividad, menos productividad, menos fuentes de empleo, menos aportes laborales y patronales a la seguridad social, menos recaudación de impuestos por consumo y por producción, entre otros.
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Segundo. El próximo gobierno enfrentará una situación fiscal precaria. Será indispensable una potente pócima de capacidad de conducción política para acoplar una barra de transmisión lo más sincronizada posible entre Zapote y Cuesta de Moras para entretejer una negociación política y enderezar el aparato hacendario. Para esto, ambas sedes requerirán tejedores de acuerdos políticos. ¿Se vislumbran?
Tercero. En los años cincuenta, las exportaciones del país dependían un 90 % de cuatro bienes: café, banano, carne y azúcar. Actualmente, el abanico de exportables contabiliza 4.500 productos. Solo un país extraordinario como Costa Rica da ese giro. Nuestro país tiene apremios, pero, también, capacidades que deben ser mejor aprovechadas y, sin duda, otras tantas por explotar.
Para retomar la senda de crecimiento económico de mejores y más oportunidades para un merecido bienestar social, urge ponerse de acuerdo en cómo resolver situaciones que liberen al país de las discusiones circulares, que no hacen más que mantenerlo postrado en el fango de la indecisión.
Para triunfar, Costa Rica debe, cómo en el fútbol, ir al frente y hacer goles. No hay de otra. Así sea.
mazuga5@gmail.com
El autor es economista.